Abogados de Chuquisaca denunciaron que al menos seis vehículos de alta gama, presuntamente secuestrados en operativos vinculados al narcotraficante Sebastián Marset, habrían sido utilizados por autoridades judiciales y del Ministerio Público en Sucre. Los juristas pidieron explicaciones al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la Fiscalía sobre quiénes tenían bajo su poder estos motorizados y con qué autorización.
La denuncia cobró fuerza después de que se difundieran imágenes de dos vehículos BMW, uno naranja y otro azul, estacionados en inmediaciones del TSJ. Se trata de un BMW Serie 8 Coupé, con placa 6250 RPN, y un BMW X7, con matrícula 6236 IYL, que fueron vistos en el lugar durante 2025.
El abogado Edgar Arraya también presentó fotografías y registros de abastecimiento de combustible de otra vagoneta de alta gama, con placa 5739 IXE, que habría circulado en Chuquisaca entre marzo y septiembre de este año. Según la documentación exhibida, el motorizado figuraba a nombre del Ministerio Público cuando cargaba combustible en surtidores del departamento, pero aparecía registrado a nombre de un particular de apellido Sossa durante viajes a Oruro y La Paz.
Por su parte, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Arturo Yáñez, afirmó que también observó vehículos BMW al servicio del exfiscal general Juan Lanchipa y del exfiscal departamental de Chuquisaca Mauricio Nava Morales. Cuestionó que autoridades con salarios públicos pudieran disponer de automóviles cuyo valor, según estimó, superaba los 150.000 dólares.
Yáñez exigió al presidente del TSJ, Romer Saucedo, esclarecer quiénes utilizaron los motorizados estacionados en espacios reservados para magistrados y bajo qué condiciones fueron entregados. También mencionó versiones sobre una presunta distribución de estos bienes entre autoridades, aunque aclaró que se trataba de comentarios que circulaban en el ámbito jurídico.
El fiscal general José Armando Urioste advirtió que el uso de vehículos incautados al narcotráfico podría constituir un manejo indebido de bienes del Estado si sus usuarios no fueron designados formalmente como depositarios. Entretanto, magistrados del TSJ evitaron pronunciarse sobre la denuncia y una autoridad que pidió reserva de identidad señaló que el asunto correspondía a Presidencia.
*Con información de Correo del Sur
