La diplomacia puede compararse con el juego de ajedrez, en el que cada jugada compromete el futuro. Desde la movida inicial de un peón se puede avanzar o retroceder. Cada jugada tiene consecuencias.
En ese sentido, Bolivia acaba de hacer una mala jugada con la redacción y firma presidencial de la Declaración Conjunta suscrita por los presidentes Rodrigo Paz y José Antonio Kast, al cabo de la visita de Estado del mandatario chileno al país, el 16 de octubre pasado.
La redacción del punto 13, principalmente, debilita el sentido y significado del Artículo VI del Tratado de Paz y Amistad de 1904, que reconoce a Bolivia el más amplio derecho de tránsito comercial por el territorio y los puertos del Pacífico, a perpetuidad, que es el alma de nuestro reducido quid pro quo, producto de haber perdido la guerra.
En efecto, después del fallo desfavorable de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en 2018, Bolivia se ha dispuesto a revisar su política exterior hacia Chile y buscar la amistad, incluso el eventual restablecimiento de relaciones diplomáticas, como objetivo a corto o mediano plazo, dependiendo de cómo se muevan desde ahora las fichas del ajedrez diplomático.
La diplomacia, a diferencia de una guerra, no busca necesariamente vencer al adversario, sino avanzar los intereses de cada país y encontrar un nuevo equilibrio en la relación mutua; una suerte de «tablas», donde ninguno gana o pierde, y cuyo resultado puede variar de acuerdo con la percepción o interpretación diplomática o real de las partes. Pero es imprescindible saber qué se negocia y qué no está en la negociación.
El Tratado de Paz y Amistad, suscrito en 1904, estableció dos cuestiones fundamentales entre Bolivia y Chile: el reconocimiento de la soberanía chilena sobre los territorios señalados en su Artículo II y el derecho de tránsito comercial de Bolivia, reconocido en el Artículo VI.
El Artículo II establece: «Por el presente Tratado, quedan reconocidos del dominio absoluto y perpetuo de Chile los territorios ocupados por este en virtud del artículo 2.º del Pacto de Tregua de 4 de abril de 1884».
Por su parte, el Artículo VI dice: «La República de Chile reconoce en favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico». El mismo artículo prevé que ambos gobiernos acuerden, en actos especiales, la reglamentación necesaria para asegurar ese propósito, sin perjuicio de sus respectivos intereses fiscales.
Sobre la agenda de libre tránsito, la Declaración Conjunta del 16 de octubre dice en su punto 13: «Reafirmamos nuestra voluntad de continuar facilitando el régimen de libre tránsito de Bolivia por territorios y puertos chilenos, de conformidad con los acuerdos vigentes».
Aquí está el problema. El Tratado reconoce un derecho de Bolivia a perpetuidad; la Declaración, en cambio, habla de voluntad de continuar facilitando un régimen de libre tránsito. No es lo mismo reconocer un derecho que expresar la voluntad de facilitarlo. Tampoco es igual referirse al Tratado que diluirlo en la expresión genérica de «acuerdos vigentes».
Es cierto que la Declaración no deroga ni modifica expresamente el Tratado de 1904. Pero precisamente por eso resulta inadmisible que la Cancillería boliviana no haya exigido una redacción que reafirmara con claridad el derecho establecido en su Artículo VI, en lugar de colocar en términos condicionales y voluntarios, de parte de Chile, lo que constituye una obligación jurídica vigente. Esta formulación puede transmitir una interpretación más débil del compromiso chileno de garantizar el tránsito comercial boliviano por su territorio y puertos del Pacífico.
La falta de rigor diplomático, profesionalidad, experiencia y capacidad de nuestra Cancillería se evidencia al colocar en el terreno de la voluntad política lo que constituye una obligación jurídica vigente. Chile no está haciendo una concesión voluntaria: tiene un compromiso establecido en un tratado internacional, cuya contraparte fue la cesión territorial de Bolivia.
Lejos de romper la dinámica de La Haya, estamos sosteniendo el curso descendente de la defensa de nuestros intereses en la relación con Chile ¡y brindando con champagne! Bolivia movió al rey desprolija y precipitadamente y llevó el juego a un nivel para el cual no estaba preparada.
La amistad con Chile y la normalización de relaciones son objetivos legítimos. Pero la buena vecindad no exige olvidar los derechos, y el diálogo no debe significar renunciar a la precisión jurídica. En diplomacia, como en el ajedrez, una mala jugada puede comprometer muchas de las que vienen después.
*Ex Canciller de Bolivia; alcalde de La Paz y cinco veces ministro de Estado bajo tres presidencias.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera





