A un año de la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia, al menos 12 exautoridades del gobierno de Luis Arce se encuentran involucradas en procesos judiciales por presuntos hechos de corrupción y otras irregularidades en la administración pública.
Entre los casos más relevantes está el del expresidente Luis Arce, quien permanece con detención preventiva en el penal de San Pedro, en La Paz, desde diciembre de 2025, por la investigación del Fondo Indígena. La pesquisa está relacionada con decisiones que asumió cuando fue ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales.
A este proceso se suman las investigaciones sobre 3.177 proyectos del Fondo Indígena, en los que se identificó un presunto daño económico de Bs 3.197 millones. Su hijo, Luis Marcelo Arce Mosqueira, también permanece recluido en Palmasola por una investigación por legitimación de ganancias ilícitas, mientras que su otro hijo, Ernesto Rafael, está bajo investigación.
Exministros con condenas y detenciones
Entre los exintegrantes del gabinete que enfrentaron procesos penales figura Juan Santos Cruz, exministro de Medio Ambiente y Agua, condenado en abril a 10 años de prisión por el caso Coimas, relacionado con cobros ilegales en contratos públicos que ocasionaron un daño superior a Bs 19 millones.
Edwin Characayo, exministro de Desarrollo Rural, recibió una condena de ocho años en 2022 por cohecho, luego de ser sorprendido cuando recibía $us 20.000. Posteriormente obtuvo detención domiciliaria.
Por su parte, Édgar Montaño, exministro de Obras Públicas, fue enviado al penal de San Pedro por las investigaciones relacionadas con la doble vía El Sillar. Néstor Huanca, exministro de Desarrollo Productivo, ingresó al penal de Patacamaya por presuntas irregularidades en la comercialización de harina subvencionada de Emapa. Su sucesor, Zenón Mamani, también recibió detención domiciliaria.
La lista de investigaciones incluye al exministro de Defensa Edmundo Novillo, aprehendido por el caso Radares, que investiga un presunto daño económico de Bs 1.478 millones, aunque posteriormente recibió detención domiciliaria. Asimismo, el exministro de Justicia César Siles enfrenta una acusación dentro del caso Consorcio, mientras que Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno, es buscado por una investigación sobre presuntos vínculos con Sebastián Marset. La Fiscalía informó que se activó una alerta roja.
También se investiga a la empresa B-Agro por presuntas pérdidas de Bs 101 millones.
El desafío de recuperar la institucionalidad
El caso de Juan Santos Cruz trascendió el ámbito nacional. Una misión de eurodiputados visitó Bolivia a finales de octubre y el embajador de la Unión Europea, Jaume Segura, confirmó que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) solicitó información sobre denuncias que podrían involucrar recursos de la cooperación comunitaria.
Frente a este escenario, el constitucionalista José Luis Santistevan sostuvo que la corrupción estatal no puede abordarse únicamente desde el ámbito judicial, sino que requiere una recuperación de la institucionalidad. Cuestionó los interinatos y las designaciones que, a su criterio, no cumplen los procedimientos constitucionales en entidades como el Banco Central, la ASFI, la Contraloría y la Fiscalía General.
Santistevan planteó que la Asamblea Legislativa debe asumir la designación de autoridades mediante los procedimientos establecidos y evitar que los cargos dependan exclusivamente de decisiones del gobernante.
En la misma línea, el exembajador Jaime Aparicio planteó la necesidad de profesionalizar la carrera diplomática, mientras que el constitucionalista William Herrera vinculó la seguridad jurídica con una Justicia independiente. Desde el sector empresarial, Gary Rodríguez y Jean-Pierre Antelo insistieron en la importancia de contar con reglas claras para generar confianza y atraer inversiones.
A un año del cambio de Gobierno, el desafío no se limita a los procesos contra exautoridades, sino que también comprende el fortalecimiento de los controles públicos, la transparencia, el respeto a los procedimientos legales y la independencia judicial, sin dejar de lado la presunción de inocencia de las personas investigadas.
