Las investigaciones por narcotráfico y corrupción permitieron identificar ocho mecanismos de presunta infiltración del crimen organizado en instituciones del Estado, según un reporte presentado por el fiscal general interino, José Armando Urioste, en Trinidad, Beni.
Durante un foro sobre los desafíos del sistema de justicia, la autoridad sostuvo que la corrupción y el crimen organizado mantienen una relación estrecha que llegó a comprometer incluso a instituciones encargadas de combatir el delito. Los mecanismos identificados surgen del análisis de denuncias y expedientes abiertos.
El primer mecanismo es la captación de funcionarios con poder de decisión para facilitar protección e impunidad. En este ámbito se encuentra la investigación contra el exfiscal general Róger Mariaca, detenido en Cantumarca por sus presuntos vínculos con una red de protección al narcotráfico.
El segundo corresponde a la filtración de información sobre operativos, particularmente las sospechas de que el entorno del narcotraficante Sebastián Marset conoció anticipadamente detalles del procedimiento policial del que escapó en Santa Cruz, en julio de 2023. El tercero está relacionado con el acceso irregular a sistemas informáticos, como la plataforma ROMA, desde donde se habría obtenido información sobre órdenes judiciales.
El cuarto mecanismo apunta al uso de influencias judiciales para gestionar beneficios o permisos, mientras que el quinto tiene que ver con la vulneración de controles institucionales. Ambos aspectos aparecen en las investigaciones del denominado caso Maletas, que involucra la salida sin revisión de 32 equipajes que llegaron al aeropuerto de Viru Viru y el uso de un pasaporte diplomático caducado por parte de Laura Rojas.
El sexto mecanismo está relacionado con el manejo de dinero y bienes presuntamente vinculados a redes criminales. En las investigaciones contra Mariaca se reportaron 33 allanamientos, el secuestro de 46 vehículos, cinco inmuebles y más de Bs 5 millones y $us 407.000. El séptimo se refiere al control de bienes incautados, luego de que vehículos decomisados en operativos contra Marset pasaran a manos del Órgano Judicial y uno fuera asignado al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo.
Finalmente, el octavo mecanismo es la fragilidad institucional, caracterizada por investigaciones fragmentadas, falta de coordinación y vulnerabilidad ante presiones políticas y económicas. Urioste reconoció que las unidades especializadas contra el crimen organizado carecían de capacidad operativa suficiente.
Frente a este escenario, el fiscal anunció la conformación de equipos especializados, el fortalecimiento del rastreo financiero, la cooperación interinstitucional y la protección de testigos. También planteó la necesidad de desarticular las estructuras criminales mediante investigaciones que permitan identificar no solo a sus integrantes, sino también sus redes de protección dentro del Estado.




