El Gobierno de Rodrigo Paz elevó de Bs 6.000 millones a Bs 9.000 millones el límite de recursos que el Tesoro General de la Nación (TGN) puede asignar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cubrir los costos vinculados a la importación de petróleo crudo y la estabilización de los precios de los combustibles.
La disposición está establecida en el Decreto Supremo 5778, aprobado el jueves 19 de noviembre y publicado este viernes. El incremento representa Bs 3.000 millones adicionales, equivalentes a un 50% respecto al techo anterior. Sin embargo, la autorización no implica un desembolso inmediato, ya que las asignaciones están sujetas a la disponibilidad de recursos del TGN y a la presentación de información sobre su utilización.
El mecanismo fue establecido en julio mediante el Decreto Supremo 5652, que autorizó inicialmente hasta Bs 1.000 millones. Posteriormente, el monto aumentó a Bs 2.000 millones en agosto, a Bs 6.000 millones en septiembre y ahora alcanza los Bs 9.000 millones.
La ampliación se produce en un contexto de elevada dependencia de los combustibles importados. En septiembre, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, informó que Bolivia compraba del exterior aproximadamente el 86% del diésel y el 56% de la gasolina que consume, situación que expone al país a las variaciones de los precios internacionales, los costos logísticos y la disponibilidad de divisas.
Paralelamente, el Ejecutivo busca incrementar el procesamiento de petróleo en las refinerías Gualberto Villarroel, de Cochabamba, y Guillermo Elder Bell, de Santa Cruz. Una disposición anterior autorizó a ambas instalaciones a importar crudo, procesarlo y comercializar sus derivados a precios de mercado, bajo un régimen sin subvención.
El incremento del respaldo a YPFB también coincide con el debate sobre la política de subsidios. El proyecto del Presupuesto General del Estado 2027 contempla cerca de Bs 11.000 millones para subvenciones a combustibles, mientras que el programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece el retiro de estos mecanismos y la aplicación de precios de recuperación de costos a partir de enero.
El nuevo decreto incorpora, además, un procedimiento excepcional para registrar las asignaciones presupuestarias solicitadas por YPFB, mediante un formulario específico y sin aplicar el reglamento de modificaciones presupuestarias vigente desde 2018.




