El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias consideró que la detención del gobernador Luis Fernando Camacho es arbitraria y pidió su liberación inmediata. El grupo también solicitó al Gobierno de Bolivia que adopte medidas para remediar la situación y concederle una indemnización.
La decisión se basa en la evaluación de que la detención de Camacho contraviene varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La organización Human Rights Foundation instó a la comunidad internacional a exigir el cumplimiento inmediato de esta decisión. El ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, adelantó que el gobierno no está de acuerdo con la opinión del grupo y rechazó que sea vinculante.
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