El Gobierno amplió el alcance del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE II) mediante el Decreto Supremo 5768, emitido por el presidente Rodrigo Paz, que incorpora nuevos grupos de beneficiarios y establece condiciones para acceder a la transferencia económica.
La norma mantiene el pago de Bs 250 cada dos meses, hasta alcanzar un máximo acumulado de Bs 750, e incorpora a los siguientes sectores:
Mujeres gestantes menores de edad, quienes podrán acceder al beneficio mediante un titular de pago.
Madres, padres o tutores de niñas y niños inscritos en el Bono Juana Azurduy entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.
Personas con discapacidad visual que reciben el Bono Anual de Indigencia, incluidos menores de edad mediante sus tutores, con corte al 30 de septiembre de 2026.
Personas con discapacidad grave o muy grave registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD), con datos verificados hasta el 30 de septiembre de 2026.
Madres, padres o tutores de estudiantes de hasta 18 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026, inscritos en unidades educativas fiscales y de convenio del subsistema de educación regular, además de centros fiscales y de convenio de educación alternativa y especial. La matriculación debe estar registrada hasta el 30 de junio de 2026 y en estado efectivo.
Niñas, niños y adolescentes que viven en centros de acogimiento y centros penitenciarios. El cobro estará a cargo de personas legalmente habilitadas, según las nóminas remitidas por el Ministerio de Gobierno o las gobernaciones.
El decreto también establece que, cuando dos o más hermanos tengan los mismos apellidos paterno y materno y compartan ambos progenitores, el beneficio se otorgará únicamente a uno de ellos.
¿Quiénes no pueden recibir el Bono PEPE II?
La normativa excluye a las personas que perciben rentas del Sistema de Reparto como titulares o derechohabientes, según la planilla de septiembre de 2026.
Tampoco podrán acceder quienes reciban pensiones de jubilación o de riesgos previsionales, ya sea que estén suscritas, en curso de pago o suspendidas, dentro de la Seguridad Social de Largo Plazo.
La exclusión alcanza además a los asegurados dependientes, consultores y cooperativistas mineros, entre otros, que registren aportes a la Seguridad Social de Largo Plazo correspondientes al periodo de cotización de julio de 2026, acreditados hasta el 30 de septiembre. Los asegurados independientes están exceptuados de esta restricción.
Finalmente, entre los requisitos para acceder al beneficio se establece la obligatoriedad de contar con una cédula de identidad vigente, emitida por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).




