La aprehensión del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, y de otras autoridades del Ministerio Público vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que va mucho más allá de un caso concreto: ¿qué pasa cuando quienes tienen la obligación de investigar y hacer cumplir la ley terminan bajo investigación?
Más allá de las personas involucradas y de lo que determine la investigación, el hecho vuelve a poner en discusión la fortaleza de nuestras instituciones, porque una democracia necesita controles, contrapesos y autoridades que rindan cuentas.
La Constitución establece que el Ministerio Público tiene autonomía y que debe actuar bajo principios de legalidad, objetividad y responsabilidad. Pero una institución no se fortalece solamente con normas, también necesita autoridades que entiendan que el poder implica responsabilidad y que ningún cargo está por encima de las reglas.
La honestidad, la responsabilidad y la imparcialidad no pueden ser valores que defendamos solamente cuando nos convienen. Deben aplicarse a todos, sin importar el cargo, el apellido o la posición política.
Bolivia no necesita simplemente cambiar nombres, necesita fortalecer sus instituciones.
Y quizá esa sea la pregunta que deberíamos hacernos hoy: ¿estamos construyendo instituciones que controlen al poder o seguimos permitiendo que el poder controle las instituciones?
Porque cuando quienes deben controlar pierden los controles, lo que termina perdiéndose no es solamente una institución…
Es la confianza de todo un país.
Valeria Mariana Vargas Tórrez es comunicadora social y magister en comunicación política.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera
