Legisladores aliados al Gobierno buscan que la Asamblea trate cuanto antes la ampliación de la medida, cuyo plazo de 90 días concluye este viernes. La situación también genera dudas sobre el momento en que podrán comenzar las reformas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo.
El oficialismo y sus aliados esperan que el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, convoque a una sesión antes de este viernes para tratar la ampliación del estado de excepción que rige en Bolivia.
La medida fue decretada el 20 de junio y, conforme al plazo establecido de 90 días, concluirá a la medianoche del viernes. Por ello, legisladores afines al Gobierno de Rodrigo Paz consideran urgente aprobar una nueva ampliación por otros 90 días.
El diputado Alejandro Reyes, de la alianza Unidad, pidió a Lara actuar con “tino y tacto político” y priorizar, según afirmó, las necesidades de la población que busca recuperar su economía y llegar a fin de año sin nuevos conflictos.
En la misma línea, el senador Nicanor Cochi, del PDC, reclamó una convocatoria inmediata a la Asamblea para aprobar la continuidad del estado de excepción. El legislador defendió la aplicación de la medida y sostuvo que las restricciones fueron moderadas y estuvieron principalmente bajo responsabilidad de la Policía.
Sin embargo, el debate sobre la continuidad del estado de excepción está relacionado también con las reformas constitucionales que pretende impulsar el Gobierno. En este punto existen diferencias entre los propios legisladores oficialistas.
Reyes considera que no habría impedimento para avanzar con una eventual consulta popular una vez que el país esté pacificado. No obstante, la Constitución Política del Estado establece una restricción específica.
El parágrafo III del artículo 140 señala que “la reforma a la Constitución no podrá iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción”. Este precepto fue reconocido por Cochi, quien señaló que las modificaciones constitucionales planteadas deberán quedar en pausa mientras permanezca vigente la medida.
La disposición constitucional introduce así una dificultad adicional para la agenda legislativa del Gobierno, que busca avanzar con reformas mientras enfrenta el vencimiento del actual estado de excepción y la necesidad de conseguir respaldo en la Asamblea.
