El diputado Rolando Pacheco presentó a la comisión especial que investiga el caso de las 31 maletas un informe cronológico en el que sostiene que el vuelo chárter que trasladó el equipaje desde Estados Unidos a Bolivia fue operado por una empresa distinta a la autorizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Según el legislador de Alianza Popular, la autorización de ingreso y salida del vuelo Gulfstream G-550, matrícula N585JC, fue emitida a favor de Southern Cross Aircraft LLC. Sin embargo, la aeronave habría operado y presentado su declaración general bajo el nombre de Proflite LLC. Pacheco añade que ninguna de las dos empresas figura con registro de ingreso en el sistema SUMA de la Aduana Nacional.

El informe señala que la aeronave aterrizó el 29 de noviembre de 2025 en el aeropuerto Viru Viru. Ese mismo día, un oficial de enlace de la Policía Federal de Brasil habría alertado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) sobre información proporcionada por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), que advertía que el vuelo transportaba maletas con dinero presuntamente destinado al pago de droga.

De acuerdo con la cronología, la advertencia fue comunicada posteriormente al ayudante de órdenes del entonces ministro de Gobierno, mientras se realizaba la descarga de 31 maletas, con un peso aproximado de 620 kilogramos, declaradas como equipaje diplomático.

Pacheco también afirma que Bruno Sánchez, identificado como representante del vuelo en la documentación aduanera, entregó el equipaje a la Aduana mediante un formulario de registro de equipaje rezagado, pese a no figurar como pasajero ni tripulante en la declaración general.

El documento indica que las maletas permanecieron bajo custodia aduanera hasta el 2 de diciembre de 2025 y que existen registros de coordinaciones para su retiro en las que habrían participado el juez Hebert Ceballos, un técnico aduanero y Estefanía Tufiño.

Según la investigación del diputado, el 3 de diciembre la exdiputada Laura Rojas retiró las 31 maletas utilizando un pasaporte diplomático que, afirma, había sido anulado 20 días antes. Posteriormente, el cargamento salió del aeropuerto en un minibús con escolta de motocicletas rumbo a un galpón de la empresa EBOSE S.R.L.

El informe sostiene además que durante aproximadamente 51 días no existieron actuaciones formales de investigación penal ni medidas cautelares relacionadas con el caso. Recién el 19 de enero de 2026, añade, el Ministerio de Gobierno notificó formalmente al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y se abrió el primer proceso penal por el presunto delito de asociación delictuosa.

Pacheco señala que actualmente la exdiputada Laura Rojas y el juez Hebert Ceballos cumplen detención preventiva y solicitaron la cesación de esa medida. También indica que cinco funcionarios de la Aduana se encuentran procesados, el teniente Marvin Manzaneda permanece detenido y el ciudadano italiano Gabriel Giuliano Leoni continúa prófugo.

El legislador afirmó que hasta la fecha no se ha determinado el destino final de las 31 maletas ni se ha establecido, mediante pruebas técnicas, el contenido o el monto del dinero que presuntamente transportaban. Asimismo, pidió a la comisión legislativa incorporar su informe y la documentación presentada a la investigación en curso.