El abogado Walter Suárez aseguró que el hijo del expresidente Luis Arce se encuentra fuera del país con estatus de refugiado político definitivo. La declaración se conoce un día después de que la Fiscalía presentara una acusación formal por presunta legitimación de ganancias ilícitas.
La defensa deRafael Arce Mosqueira, hijo del expresidenteLuis Arce, informó este martes que su cliente se encuentra fuera de Bolivia y cuenta con la condición derefugiado político definitivo otorgada por un país vecino.
El abogadoWalter Suárez explicó que la resolución emitida por la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) del país que concedió la protección ya fue incorporada al expediente judicial.
“El señor Rafael Arce tiene la condición de refugiado político. Por lo tanto, deberá ser notificado conforme establece el procedimiento y mediante los mecanismos que tiene el Ministerio Público para que pueda responder en el juicio oral”, señaló el jurista.
Suárez evitó revelar el país que otorgó el refugio por razones de seguridad y confidencialidad, aunque aseguró que su defendido no puede abandonar ese territorio debido a las condiciones establecidas por las autoridades migratorias.
El pronunciamiento se produce un día después de que elMinisterio Público presentara unaacusación formal contra Rafael Arce por el presunto delito delegitimación de ganancias ilícitas, con lo que el proceso ingresó a la etapa previa al juicio oral.
La Fiscalía sostiene que Arce habría realizado movimientos financieros por aproximadamente20 millones de bolivianos que no guardarían relación con sus ingresos declarados. Asimismo, observó la compra de un inmueble en La Paz por750.000 dólares, además de la adquisición de alrededor de siete bienes inmuebles en Santa Cruz.
La defensa rechazó las acusaciones y sostuvo que los bienes investigados fueron adquiridos mediante créditos otorgados por una entidad financiera.
Actualmente, Rafael Arce también tiene vigente unaorden de aprehensión y fue declaradorebelde tras no presentarse a una audiencia de medidas cautelares convocada en enero de este año. La Fiscalía anunció que solicitará la pena máxima prevista para el delito investigado, que contempla entretres y ocho años de prisión.
