Aunque el Gobierno aún no publicó la certificación oficial de las reservas de gas, especialistas y actores del sector hidrocarburífero sostienen que las reservas probadas de Bolivia se ubicarían por debajo de los 3 trillones de pies cúbicos (TCF), lo que representaría una caída superior al 70% en comparación con los 10,7 TCF reportados en 2017.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, calificó recientemente el informe como «muy, muy preocupante» y advirtió sobre posibles riesgos para el abastecimiento del mercado interno. Según versiones difundidas tras sus declaraciones, las reservas probadas serían inferiores a los 3 TCF.
La Fundación Milenio estimó las reservas en 2,13 TCF, tras descontar la producción registrada entre 2018 y 2023 de las reservas certificadas. Con ese volumen y el nivel actual de producción, proyectó que Bolivia podría comenzar a importar gas natural hacia 2030.
En la misma línea, el analista de hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, señaló que el país podría iniciar la importación de gas entre 2028 y 2029 debido al agotamiento de los principales campos productores. El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos también considera que ese escenario podría concretarse en aproximadamente tres años.
Velásquez explicó que, aun si las reservas alcanzaran los 3 TCF, solo entre el 60% y el 70% serían técnicamente recuperables, por lo que el volumen disponible sería menor al estimado. Además, cuestionó la consistencia de certificaciones anteriores y sostuvo que no reflejaban completamente la situación de los yacimientos.
Por su parte, el experto Fernando Rodríguez afirmó que las reservas probadas recuperables no superarían los 2 TCF y advirtió que, al ritmo actual de producción para el mercado interno y las exportaciones, Bolivia comenzaría a importar los primeros volúmenes de gas desde 2029.
Mientras continúa la espera por la certificación oficial, sectores como la Cámara Departamental de Industrias de La Paz solicitaron la publicación inmediata del informe para evaluar el estado real de las reservas y definir medidas frente al escenario energético.
La Ley 3740 establece que las certificaciones de reservas de gas deben publicarse cada año hasta el 31 de marzo. Sin embargo, desde 2009 solo se difundieron cinco certificaciones y, desde 2017, el Ejecutivo dejó de publicar los informes técnicos completos, limitándose a presentar datos generales en conferencias de prensa.








