Al menos ocho sectores cuestionan el DS 5676, que elimina la subvención para grandes consumidores. Algunos dieron plazos al Gobierno para abrogar la norma y otros anunciaron posibles medidas de presión.

Al menos ocho sectores productivos y del transporte expresaron su rechazo al Decreto Supremo 5676, vigente desde el 16 de agosto, que elimina la subvención del diésel para grandes consumidores. Las organizaciones advierten que la medida elevará sus costos y afecta las actividades productivas.

Campesinos de las provincias Warnes, Obispo Santistevan, Sara e Ichilo, en el norte de Santa Cruz, acordaron exigir la abrogación de la norma y dieron 48 horas al Gobierno para atender su pedido.

En San Juan, productores realizaron una marcha hasta Santa Fe y otorgaron un plazo de 24 horas para que el Ejecutivo deje sin efecto el decreto.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) calificó la disposición de improvisada y discriminatoria. Su presidente, Klaus Frerking, sostuvo que el incremento de los costos de producción tendrá impacto en los precios de los productos de la canasta familiar. La organización convocó a un congreso para este jueves.

La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), que reúne a productores de los nueve departamentos, también rechazó el DS 5676 y señaló que el incremento del precio del diésel no está acompañado de medidas para reducir sus efectos sobre el sector.

Los transportistas se declararon en estado de emergencia. La Confederación de Choferes de Bolivia anunció un ampliado nacional y advirtió que podrían asumir medidas de presión, además de cuestionar la falta de combustible en los surtidores.

Los productores arroceros también solicitaron la abrogación del decreto y señalaron que esperarán las determinaciones de sus bases para definir eventuales movilizaciones.

El sector cañero calificó la norma de discriminatoria y alertó sobre una situación de emergencia por el incremento de los costos y la falta de liquidez. La Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol) señaló que el Estado mantiene una deuda superior a Bs 400 millones con el sector por el retiro de etanol.

A estos sectores se sumaron campesinos del trópico de Cochabamba afines a Evo Morales, quienes rechazaron tanto el DS 5676 como el Decreto Supremo 5652, que establece medidas sobre los precios de los combustibles.