El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió un recurso de inconstitucionalidad abstracto presentado por la diputada Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana (CC), contra tres disposiciones del Presupuesto General del Estado: los artículos 13, 19 y la disposición adicional sexta. La legisladora advierte que estas normas permiten al Ejecutivo adquirir deuda externa por hasta $3.000 millones y disponer de las reservas de oro del Banco Central de Bolivia (BCB) como garantía, sin respetar las leyes permanentes del sistema financiero nacional ni los mecanismos de fiscalización establecidos en la Constitución.

Campero explicó que su recurso busca resguardar tanto la Ley del Banco Central como las reservas internacionales del país, especialmente las de oro, que en las últimas semanas estarían siendo comprometidas por el Gobierno “para aplacar la crisis del Estado”. Según el documento presentado ante el TCP, las disposiciones del PGE modifican las reglas para contratar deuda y autorizar al BCB a poner en garantía las reservas de oro, incluso permitiendo el uso de colaterales financieros con entidades públicas, privadas o internacionales, sin comprometer recursos del Tesoro General de la Nación. Para la diputada, estas acciones eluden el control legislativo y vulneran el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 410 de la CPE.

Si bien el TCP rechazó la medida cautelar que pretendía suspender la aplicación inmediata de los artículos cuestionados, por considerar que los argumentos no eran suficientes, la admisión del recurso permite avanzar en el análisis de fondo. Campero insistió en que se trata de una norma transitoria que no puede modificar leyes estructurales ni dar lugar a decisiones que comprometen activos estratégicos del país. Recalcó que seguirán atentos al proceso constitucional, con la expectativa de que el Tribunal defienda la legalidad y la institucionalidad frente a medidas que —según dijo— “pretenden poner el oro del pueblo boliviano al servicio de la deuda sin control”.