El fallo cierra un proceso judicial de varios años y confirma el pago de Bs 744,3 millones a la cementera estatal, según informó el gobernador Luis Ayllón.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó de forma definitiva la sentencia que obliga a una cementera a pagar Bs 744,3 millones a favor de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), poniendo fin a un prolongado proceso judicial. El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, anunció que se elaborará una estrategia legal para garantizar el cumplimiento efectivo del fallo y el cobro de la millonaria multa.

Ayllón destacó que la resolución representa un resultado importante para el departamento, ya que fortalecerá la estabilidad financiera de una de sus principales empresas estratégicas.

“Esta determinación de la Justicia es una señal importante para nuestro departamento, porque Fancesa no solo representa una empresa, sino el esfuerzo y patrimonio de todos los chuquisaqueños”, afirmó la autoridad.

El TSJ confirmó que su Sala Plena declaró infundado el recurso de casación presentado por la empresa demandada contra el Auto de Vista que había ratificado la sentencia de primera instancia. El Auto Supremo 1190/2026 mantiene firme la obligación de pagar Bs 744.315.432 a favor de Fancesa.

El proceso ya había registrado un fallo similar en 2025; sin embargo, una resolución de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dejó sin efecto esa decisión y ordenó emitir un nuevo pronunciamiento, que ahora confirma nuevamente la sanción.

Tras conocerse el fallo, el gobernador anunció que la Gobernación, junto con los demás copropietarios de Fancesa y el equipo jurídico de la empresa, pondrá en marcha acciones para hacer efectivo el pago.

“Seguramente van a recurrir algunas artimañas para evadir esta responsabilidad, pero estratégicamente nosotros vamos a ver que este pago sea una realidad, porque la justicia se concreta en el momento del pago”, sostuvo Ayllón.

Fancesa tiene como accionistas a la Gobernación de Chuquisaca, la Alcaldía de Sucre y la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

El caso también cobró relevancia internacional luego de que la pasada semana se difundiera en España una investigación que señala que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros para interceder ante el entonces presidente Luis Arce en favor de la empresa sancionada. Desde la cárcel, Arce rechazó esas versiones y aseguró que sus conversaciones con el exmandatario español estuvieron relacionadas únicamente con asuntos políticos.