La Paz vuelve a concentrar la mayor cantidad de rutas cerradas mientras crecen las afectaciones por el desabastecimiento y las pérdidas económicas.

Las movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz cumplen este martes 47 días y mantienen 50 puntos de bloqueo activos en carreteras de cinco departamentos del país, según el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras. La persistencia de las medidas de presión continúa afectando el abastecimiento de productos esenciales y profundizando las pérdidas económicas en distintos sectores.

De acuerdo con los datos actualizados por la ABC, el departamento de La Paz volvió a convertirse en el principal foco de los bloqueos al registrar 19 rutas obstaculizadas. Le sigue Cochabamba, donde se contabilizan 17 puntos de interrupción vial.

En Oruro permanecen ocho bloqueos activos, mientras que Potosí registra cinco rutas cerradas. Por su parte, en Santa Cruz continúa bloqueada la carretera de San Julián, una vía estratégica que conecta con el departamento del Beni.

Las protestas son impulsadas principalmente por organizaciones campesinas y sectores afines a la Central Obrera Boliviana, que mantienen como principal demanda la salida del mandatario.

Mientras tanto, los efectos de los bloqueos continúan agravándose en varias regiones del país. La interrupción de rutas ha generado dificultades para el transporte de alimentos, combustibles, medicamentos y otros productos esenciales, afectando especialmente a las ciudades de La Paz y El Alto.

A la crisis de abastecimiento se suman las crecientes pérdidas económicas reportadas por sectores productivos, comerciales y de transporte. Diversas organizaciones empresariales y gremiales han comenzado a exigir respuestas más contundentes de las autoridades y han fijado plazos para que el Gobierno encuentre una solución que permita restablecer la circulación en las carreteras.

La continuidad de las medidas de presión mantiene la incertidumbre sobre la evolución del conflicto, mientras miles de ciudadanos enfrentan dificultades para acceder a productos básicos y servicios esenciales en distintas regiones del país.