Lissa Claros cuestiona gestión de la Defensoría, acusa incumplimiento de funciones y exige fiscalización del gasto institucional
La diputada Lissa Claros anunció el inicio de un proceso de fiscalización y la presentación de una denuncia penal contra el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, por presunto incumplimiento de funciones y por su ausencia en conflictos sociales que afectan a la población.
Claros señaló que la autoridad no estaría cumpliendo con su rol constitucional de proteger a la ciudadanía en contextos de crisis. Afirmó que el Defensor del Pueblo “aparece cuando le da la gana” y que no ha estado presente en situaciones donde la población ha requerido acompañamiento institucional.
La legisladora también cuestionó el uso de recursos públicos destinados a la institución, señalando que el Estado asigna aproximadamente 500 millones de bolivianos a la Defensoría del Pueblo sin resultados visibles, según su criterio.
“Bolivia no puede seguir gastando en funcionarios incompetentes que no hacen absolutamente nada por defender a la población”, declaró Claros, al referirse a los efectos de los conflictos recientes en transportistas, familias afectadas y sectores económicos perjudicados.
Asimismo, informó que ya se presentó una petición de informe y que se están preparando acciones legales por presunto incumplimiento de deberes, asegurando que continuará con el proceso hasta obtener respuestas.
“Desde ahora no voy a parar hasta que este señor dé explicación a la población boliviana”, sostuvo.
La diputada también dirigió críticas al sistema judicial, al que calificó como una de las instituciones más cuestionadas del país por presunta corrupción y vínculos políticos.
Finalmente, Claros reafirmó que su labor se centrará en la fiscalización de instituciones públicas, con el objetivo de exigir transparencia en el manejo de recursos y en el cumplimiento de funciones del Estado.
