El sector agropecuario acusa al Gobierno de ceder ante presiones y advierte medidas escalonadas desde el 14 de mayo.
El anuncio de un acuerdo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y organizaciones campesinas para avanzar en la abrogación de la Ley 1720 generó una inmediata reacción de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y del Comité pro Santa Cruz, que anunciaron movilizaciones progresivas desde el próximo 14 de mayo.
El acuerdo fue alcanzado en la Casa Grande del Pueblo tras una reunión entre el Ejecutivo y dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, donde se pactó gestionar ante la Asamblea Legislativa la anulación de la norma y la elaboración de un nuevo proyecto consensuado.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que la intención es construir una nueva legislación que incorpore diferentes visiones sobre el uso y acceso a la tierra.
“Después de conversar, pactar y construir de manera conjunta, se abrogará la Ley 1720 y se presentará un nuevo proyecto donde todos estemos incluidos”, afirmó.
Sin embargo, el presidente de la CAO, Klaus Frerking, expresó un “rechazo categórico e indignado” a la decisión gubernamental y advirtió que la medida perjudicará principalmente a pequeños productores que buscan acceder a financiamiento formal.
Según Frerking, la norma permitía facilitar procesos de regularización y acceso al crédito para miles de productores rurales. “El propio Gobierno impulsó esta ley y ahora la abandona”, cuestionó.
El dirigente también alertó que el 90% de pequeños productores titulados continúa excluido del sistema financiero y sostuvo que la marcha atrás del Ejecutivo representa “un retroceso histórico”.
En esa línea, anunció el inicio de medidas de presión progresivas a partir del 14 de mayo con una reunión sectorial en Montero.
Por su parte, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que el Gobierno actúa “con miedo” frente a las movilizaciones sociales y está perjudicando al aparato productivo nacional.
La polémica sobre la Ley 1720 se intensificó luego de la llegada a La Paz de una marcha indígena y campesina que exigió, entre otros puntos, la abrogación de la norma, cuestionada por sectores que consideran que facilita la conversión de pequeñas propiedades en medianas sin suficiente consulta a las comunidades involucradas.
