El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Rodrigo Paz y la dirigencia campesina para avanzar en la abrogación de la Ley 1720 desató una dura reacción de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que anunció movilizaciones y medidas de presión desde el próximo 14 de mayo.
La tensión se activó después de que el Ejecutivo y representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) firmaran un acta de entendimiento en la Casa Grande del Pueblo, en la que se contempla gestionar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional la abrogación de la norma sobre conversión de tierras.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que el acuerdo también prevé la elaboración de una nueva ley construida “en consenso” con distintos sectores del país.
“Se habló de la posibilidad de abrogación en el marco de poder ampliar e incluir en un debate todas las visiones y atender a las diversidades del país”, afirmó la autoridad, al remarcar que posteriormente se trabajará en un nuevo proyecto normativo.
Según Gálvez, la eventual abrogación deberá pasar por la Asamblea Legislativa mediante una nueva iniciativa legal antes de ser promulgada por el Ejecutivo.
CAO anuncia protestas
La respuesta del sector agropecuario cruceño no tardó. En una conferencia conjunta con el Comité pro Santa Cruz, el presidente de la CAO, Klaus Frerking, expresó un “rechazo categórico e indignado” al anuncio gubernamental y al Decreto Supremo 5613.
Frerking sostuvo que la Ley 1720 permitía a miles de pequeños productores acceder a financiamiento mediante la regularización y conversión de tierras, y advirtió que su eliminación perjudicará especialmente al sector productivo rural.
“Estas medidas no son errores técnicos, son decisiones políticas que tienen un costo humano concreto”, afirmó el dirigente, al señalar que muchos productores seguirán excluidos del sistema financiero.
La CAO confirmó que iniciará medidas de presión progresivas desde el 14 de mayo con una reunión en Montero.
Por su parte, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, acusó al Gobierno de retroceder por “miedo” ante la presión social y de perjudicar a los sectores productivos.
Marcha indígena y campesina
La abrogación de la Ley 1720 fue una de las principales demandas de la marcha indígena y campesina que llegó días atrás a La Paz desde el norte amazónico y otras regiones del país.
Los sectores movilizados cuestionan que la norma habilita la conversión de pequeñas propiedades en medianas mediante declaración jurada y en un plazo de diez días hábiles, sin consulta a las comunidades ni intervención judicial.
Marinkovic rechaza abrogación
El senador de Libre, Branko Marinkovic, también expresó su desacuerdo con la decisión de eliminar la norma.
“Estoy dispuesto a hacer modificaciones en la ley, pero de ninguna manera voy a aceptar que se abrogue”, señaló el legislador, quien consideró que elaborar una nueva normativa demoraría demasiado en un contexto económico que requiere reactivación.
