La Asamblea de la Cruceñidad fijó el 10 de octubre como fecha límite para resolver la falta de combustibles y avanzar hacia el modelo 50-50. Si no reciben respuestas, anuncian medidas escalonadas y no descartan convocar a un cabildo.

Los cívicos cruceños dieron este miércoles un plazo de un mes al Gobierno para atender sus principales demandas y advirtieron que, si no existen soluciones hasta el 10 de octubre, comenzarán movilizaciones en las calles.

La decisión fue asumida durante la Asamblea de la Cruceñidad, donde representantes de distintas instituciones reclamaron respuestas ante las prolongadas dificultades para acceder a gasolina y diésel en el país.

Uno de los principales pedidos es que el Gobierno garantice el abastecimiento de carburantes y permita la participación de privados en la importación, distribución y comercialización. Los cívicos también plantean eliminar impuestos aplicados a los combustibles con el objetivo de reducir su precio para la población.

A esta demanda se suma la exigencia de implementar desde 2027 el modelo 50-50, mediante el cual plantean que la mitad de los recursos generados en las regiones permanezca en los departamentos para ser administrada por gobernaciones, municipios y universidades.

Los dirigentes también reclaman la restitución de competencias asignadas por la Constitución a los gobiernos subnacionales y la devolución de recursos que, según denunciaron, fueron reducidos o retenidos por el nivel central.

La Asamblea cuestionó además el actual esquema de comercialización de combustibles y pidió poner fin al monopolio de YPFB, al que responsabilizó de problemas de corrupción y deficiencias en la gestión del sector.

El plazo otorgado al Ejecutivo vence el 10 de octubre, Día de la Democracia. Si las demandas no son atendidas, los cívicos anunciaron que activarán medidas de presión de manera escalonada y en coordinación con otras instituciones.

Aunque todavía no se definió una fecha para un cabildo, los dirigentes dejaron abierta esa posibilidad como parte de las acciones que podrían asumir si el Gobierno no responde a sus exigencias.