El Gobierno presentó ante una comisión policial de la OEA un informe sobre los 53 días de movilizaciones registrados entre mayo y junio. La agenda también incluye la situación del narcotráfico, el fortalecimiento institucional de la Policía y las investigaciones por la explosión ocurrida en Viacha.

El Gobierno expuso ante la Comisión Policial de la Organización de Estados Americanos (OEA) los efectos de los conflictos sociales que afectaron al país durante 53 días entre mayo y junio, en una reunión que busca establecer mecanismos de prevención y fortalecer la institucionalidad policial.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que la cooperación internacional apunta a desarrollar protocolos que permitan garantizar el derecho a la protesta, pero sin afectar otros derechos de la población, como el libre tránsito, el acceso a la salud y el abastecimiento.

La autoridad recordó que durante las movilizaciones se registraron interrupciones en el transporte y dificultades para acceder a alimentos, oxígeno y atención médica. También mencionó que varias personas perdieron la vida durante los bloqueos registrados en las carreteras.

Otro de los temas abordados fue la lucha contra el narcotráfico. Oviedo reconoció un incremento de los cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba, pese a los resultados obtenidos en las operaciones de interdicción.

En contraste, destacó que las fuerzas de seguridad incrementaron los operativos contra el tráfico de drogas y señaló que ya fueron incautadas más de 80 aeronaves presuntamente utilizadas para transportar cocaína fuera del país, además de laboratorios vinculados con organizaciones criminales.

Según el ministro, en estas redes también se identificó la participación de ciudadanos extranjeros, principalmente de Colombia, Brasil y Paraguay, algunos de ellos vinculados al uso de armas de grueso calibre.

Respecto a la explosión registrada en el cuartel Simón Bolívar de Viacha, Oviedo sostuvo que las investigaciones avanzan por dos vías institucionales. Por un lado, las Fuerzas Armadas informan sobre el avance de las pesquisas a través del comandante del Ejército y, por otro, el Ministerio Público y las instancias judiciales desarrollan las diligencias correspondientes.

El Gobierno remarcó que cualquier conclusión sobre las causas del hecho deberá surgir de las investigaciones oficiales y pidió evitar versiones que no hayan sido respaldadas por las instancias competentes.