Un estudio de la Fundación Jubileo señala que las cooperativas concentraron el 95% de la producción de oro entre 2006 y 2024, mientras que el Estado recibió una fracción mínima de los recursos generados por la explotación.

Las cooperativas mineras auríferas se consolidaron como los principales productores de oro en Bolivia entre 2006 y 2024, periodo en el que concentraron el 95% de la explotación nacional, según un estudio de la Fundación Jubileo. En contraste, la producción de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) representó apenas el 0,06%, mientras que las empresas privadas alcanzaron el 5%.

Durante esos 18 años, las cooperativas extrajeron oro por un valor histórico de $us 20.749 millones, pero el Estado recibió poco más de $us 400 millones por concepto de regalías e impuestos, de acuerdo con el documento. La diferencia es señalada por la investigación como una muestra del bajo nivel de tributación del sector y de un régimen que le resulta favorable.

El crecimiento de las cooperativas auríferas se aceleró desde 2010, impulsado por el incremento de las cotizaciones internacionales del oro. Según datos del Viceministerio de Cooperativas Mineras citados en el estudio, para 2018 ya existían 1.406 cooperativas dedicadas exclusivamente a la explotación de oro, de un total de 2.077 cooperativas mineras.

El informe señala que estas organizaciones presentan diferencias importantes en cuanto a tamaño, número de socios, volumen de producción, mecanización y formas de operación. Un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) las clasifica entre cooperativas asociadas con empresas privadas, grandes, medianas y pequeñas.

Las cooperativas pequeñas, conformadas por menos de 20 socios, realizan trabajos principalmente en ríos o zonas cercanas y, según la investigación, enfrentan condiciones laborales difíciles y exposición a contaminación por mercurio. Su actividad suele ser estacional y sus márgenes de utilidad son reducidos.

En cambio, las cooperativas medianas y grandes pueden asociarse con empresas privadas que aportan capital, operadores o ambos. En estos casos, el estudio señala que los cooperativistas pueden asumir principalmente un papel de rentistas, a cambio de su participación en la organización.

La mayor parte de estas cooperativas se concentra en el norte del departamento de La Paz, donde la actividad aurífera movilizaría aproximadamente a 60.000 socios. En 2022, la explotación de oro alcanzó un récord de 54 toneladas, con un valor comercial superior a $us 3.000 millones.

La investigación también cuestiona las condiciones tributarias bajo las que opera el sector. Señala que las cooperativas tienen beneficios establecidos por la normativa debido a su condición de unidades de naturaleza social sin fines de lucro, entre ellos la exclusión de la alícuota adicional del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).

En el caso de las empresas privadas, el IUE es del 25%, además de una alícuota adicional del 12,5% cuando los precios internacionales alcanzan determinados niveles. Según el estudio, esta alícuota adicional no se aplica a las cooperativas mineras legalmente establecidas.

La Fundación Jubileo sostiene además que la principal retribución económica que recibe el Estado de las cooperativas es la regalía minera. De acuerdo con el informe, una disposición que permite registrar determinadas ventas bajo la categoría de “yacimientos marginales” hace que la tasa efectiva se sitúe entre 2% y 2,5% del valor bruto de venta, frente al 7% correspondiente a operaciones normales.

El documento considera que esta diferencia refleja una pérdida de capacidad de control del Estado y atribuye la situación a una excesiva flexibilidad política y normativa. “El aporte de la minería aurífera al Estado es mínimo”, sostiene la investigación.

El estudio también advierte sobre los efectos ambientales de la actividad, especialmente por el uso de mercurio, y señala que las regiones donde se concentra la explotación reciben recursos reducidos en relación con el valor del oro extraído.

En ese contexto, la investigación plantea que el régimen actual permite que una actividad que generó miles de millones de dólares en valor de producción deje al Estado una cantidad considerablemente menor en ingresos por regalías e impuestos.