Por: Edwin Cacho Herrera

“Quiero mandar una alerta a toda esa corrupción institucionalizada en YPFB y en los sistemas de distribución y logística. Pónganse en orden porque gasolina y diésel ya tenemos”. La frase fue pronunciada por Rodrigo Paz un día antes de asumir como presidente de Bolivia, es decir el 7 de noviembre, durante su discurso en la inauguración del encuentro empresarial Visión Bolivia 2025, en la ciudad de Santa Cruz.

Marcaba con contundencia que en su gobierno se combatiría la “corrupción institucionalizada” en décadas. Por eso la advertencia de “pónganse en orden”. Nueve meses después, YPFB continúa exhibiendo síntomas de aquello que Paz prometió combatir. Para que se entienda mejor, en corrupción YPFB ha pasado del caso Botrading al caso de la gasolina basura. Preocupante.

El 15 de diciembre de 2025, en la línea de limpiar la casa en YPFB, el presidente Paz conformó la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, compuesta por instancias del Ejecutivo y representantes del Legislativo. Sus tareas: investigar hechos de corrupción, desfalco y manejo de la subvención de combustibles durante los últimos 20 años; revisar el impacto real de la política de nacionalización en el sector energético; y buscar la recuperación de recursos económicos afectados.

Casi ocho meses después no se conoce públicamente ni siquiera un informe preliminar de la Comisión de la Verdad encabezada por el Procurador General del Estado. En marzo de este año, ya con el lío de la gasolina de mala calidad que empezaba a dañar motores, YPFB informó que había desvinculado a 410 funcionarios como parte de un proceso de reestructuración y que varios enfrentarían procesos por presuntas irregularidades. La propia empresa presentó esas acciones como parte de la corrección de los problemas heredados.

¿Fueron esas desvinculaciones verdaderas muestras de limpieza institucional o cambios en los niveles cupulares para que nada cambie? Un nuevo Gobierno puede explicar durante un tiempo por qué recibió una institución en ruinas. Lo que no puede hacer indefinidamente es utilizar el pasado para explicar por qué el presente sigue pareciéndose al pasado.

En estos nueve meses, YPFB ha tenido tres presidentes ejecutivos, otro síntoma de que la estatal del petróleo aún permanece atrapaba por los tentáculos de la “corrupción institucionalizada” que se prometió romper uno por uno. En abril, se conoció la carta de renuncia de la segunda presidenta de la corporación, que estuvo en el cargo apenas 23 días. Su contenido revelador provenía de una persona escogida por el propio Gobierno para conducir YPFB.

Claudia Cronembold afirmó que el diagnóstico técnico y administrativo que realizó en poco más de tres semanas había encontrado un estado institucional “significativamente más deteriorado de lo previsto” y describió una estructura construida durante dos décadas como una “arquitectura perniciosa” llena de “candados”.

Hasta el momento, el Gobierno ha mostrado investigaciones, despidos y cambios de autoridades. Pero no ha demostrado todavía que haya conseguido desmontar la estructura que Paz calificó como “corrupción institucionalizada”. Yussef Akly, el primer presidente de YPFB, es investigado por los contratos de provisión de combustibles firmados con la intermediaria Trafigura y por la gasolina basura que dañó miles de motores y que ocasionó el pago de millones de bolivianos a los afectados.

Hoy, se desconoce el paradero de Akly. Se ha informado que habría salido del país rumbo a Brasil, tal como lo hizo Armin Dorgathen, presidente de la empresa en el gobierno de Luis Arce y monigote de Marcelo Arce Mosqueira. ¿Qué ha cambiado del pasado en el presente si la intención de Paz era transparentar YPFB? Dos presidentes, uno del pasado y otro del presente, rehuyendo a la acción de la justicia en casos emblemáticos de presunta corrupción, expresan la respuesta.

A la cadena de intentos fallidos se suman tres eslabones que no pueden pasar desapercibidos: el anuncio de reestructuración de YPFP con apoyo externo, el anuncio de la intervención de la estatal un día antes del primer informe del presidente a los bolivianos y el anuncio de un Alto Comisionado anticorrupción que pondrá el acento en la empresa estratégica más importante del país.

La reestructuración de YPFB y la ANH fue anunciada con carácter de urgencia hace unas semanas. Sin embargo, según el propio Paz en su informe del 6 de agosto, “hasta fines de este año contaremos con un nuevo modelo de gobernanza en hidrocarburos”. Habrá que seguir esperando, pese a que una delegación de autoridades bolivianas viajó a Brasil para reunirse con la presidenta de Petrobras y encarar la reestructuración utilizando la experiencia de funcionamiento de la estatal brasileña con inversión privada.

En el caso de la intervención de YPFB, comunicada el 5 de agosto por el ministro de Hidrocarburos, el actual presidente de YPFB y el viceministro de Transparencia, debe ser la primera vez que se anuncia una intervención sin presentar al interventor o interventora, lo que da cuenta que el propio Sebastián Daroca, tercer presidente y exvicepresidente de operaciones en parte de estos nueve meses, será el encargado de investigar, procesar y determinar responsabilidades.

Para concluir, por ahora, el presidente anunció el 6 de agosto que esta semana se conocerá el nombre del Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia, un nuevo cargo en el Ejecutivo que tendría que reemplazar a la inocua Comisión de la Verdad, desplazar al Viceministerio de Transparencia y estar por encima del gabinete de ministros si la idea es entregar resultados en la lucha contra la “corrupción institucionalizada”.

El combate contra la corrupción tiene una regla elemental: el estándar debe ser el mismo para los amigos y para los adversarios. No puede haber investigación y justicia implacable para funcionarios de gobiernos anteriores e indagación y justicia prudente, lenta y selectiva cuando los investigados forman parte del poder actual. Sería el peor escenario posible.

Si eso estuviese ocurriendo en YPFB, la lucha anticorrupción dejaría de ser una política de Estado, tal como la anunció Paz el 7 de noviembre del año pasado, un día antes de ser investido como presidente de Bolivia, y se habría convertido en una herramienta de renovación de élites, por lo que estaríamos hablando lastimosamente de que la corrupción heredada es ahora corrupción tolerada.

Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.