Por: Edwin Cacho Herrera

En una semana ocho hombres fueron asesinados a tiros en una nueva ofensiva narco en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Cochabamba. El registro del diario El Deber dio cuenta de 43 abatidos a nivel nacional hasta el lunes 14 de septiembre, consignando la ejecución de dos bolivianos en San Ignacio de Velasco y un brasileño en Trinidad. Subió a 48 al cerrar la semana con otros cinco acribillados: dos más en San Ignacio y a uno en Santa Cruz de la Sierra, Entre Ríos y Riberalta. Casi 50 personas asesinadas producto de la violencia narco en lo que va del año.

La mayoría de las víctimas son jóvenes de los municipios fronterizos de Pando, Beni y Santa Cruz. Muchos extranjeros, sobre todo de nacionalidad brasileña dada la facilidad con la que se cruza la frontera con Bolivia de 3.423 kilómetros de extensión. Pero, en el registro también se encuentra un magistrado del Tribunal Agroambiental, un juez, un subteniente de la Policía, un veterinario, empresarios ganaderos… En el trópico de Cochabamba, casi todos los ejecutados eran agricultores o pobladores de esa región que se metieron de lleno al tráfico de cocaína.

Llama la atención que junto a los cuerpos de dos de los ocho asesinados en una semana, uno en el trópico y otro en Riberalta, se dejaron notas amenazantes exigiendo la entrega de un hombre al que seguramente buscan para eliminarlo y advirtiendo más muertes en tierras benianas, una amenaza directa a la banda Los Choleros. La utilización de sicarios en motos, el disparo de ráfagas para asegurarse la muerte de los objetivos, la aparición de grafitis en las paredes para marcar presencia y ahora las notas junto a los cadáveres recuerdan el avance imparable de los carteles en Colombia y México en su momento, en la fase del control territorial.

Completa el preocupante panorama la información del ministro de Gobierno sobre el desembarco de mafias de Brasil en el municipio pandino de Santa Rosa del Abuná y la toma de la carretera Santa Rosa – Puerto Montevideo, en el extremo norte de Pando, donde incluso cobran peajes a los conductores que transportan pasajeros y mercancías en plena frontera. Ni que decir del dato compartido con el gobernador de Santa Cruz sobre el reclutamiento que están realizando el PCC y el Comando Vermelho de jóvenes bolivianos para el tráfico de drogas y los ajustes de cuentas.

La respuesta estatal tuvo dos momentos y dos escenarios. Operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana con efectivos de élite en San Ignacio de Velasco, y la reactivación del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional en la sede de gobierno. El Cosdep depende directamente de la Presidencia del Estado, ya que está presidido por el Capitán General de las Fuerzas Armadas, el presidente Rodrigo Paz, y actúa como la máxima instancia de asesoramiento, coordinación y planificación en temas de seguridad nacional.

El enraizamiento y la arremetida de organizaciones narco, extranjeras y nacionales, representan una amenaza a la seguridad del Estado, a no dudarlo. Por tanto, la prioridad del Cosdep debe ser la elaboración y presentación de políticas y planes de acción para enfrentar al crimen organizado. Debe hacerlo con la rigurosidad del caso, pero también con la rapidez que demanda la delicada situación en la frontera y el trópico cochabambino.

Se dice que el recientemente posesionado Secretario General del Cosdep, general de aviación Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal, tiene rango de ministro y está facultado para coordinar estrategias con ministerios y cúpulas militares y policiales de manera permanente. Se me hace que puede funcionar como una especie de Pentágono boliviano.

Al margen de las comparaciones y aprovechando el apoyo de la administración Trump en la publicitada lucha contra el narcoterrorismo, el Cosdep no debería demorar, como ocurre con muchas cosas en el actual gobierno, en la presentación de un diagnóstico preciso sobre la amenaza del crimen organizado para Bolivia y las acciones que recomienda desplegar desde el Estado en cuanto a normativas, políticas y operaciones especiales. El Cosdep no tiene carácter operativo, su trabajo es de asesoramiento estratégico al más alto nivel.

Seguramente los documentos que produzca serán de máxima reserva, tratándose de la seguridad del Estado. Tendrían que establecer un sistema que impida de principio a fin la filtración de data tanto a las organizaciones narco que están buscando consolidarse en regiones de la frontera como al caudillo del Chapare, una ventaja que le ha permitido hasta ahora anticiparse a los operativos de seguimiento y eventual captura. Considero que el período ampliado del estado de excepción que ha comenzado el 19 de este mes es una cuenta regresiva. Día que pasa es un día menos para la operación de extirpación.

También es un día menos para enfrentar una descomunal amenaza en la frontera con Brasil que puede terminar en la pérdida de territorios, poblaciones y gobiernos locales. Es un desafío mayor ahora que parece haberse decidido dar lucha contra las mafias del narcotráfico internacional y las que están brotando en Bolivia.

Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.