Por: Johnny Nogales Viruez

Hace algunos meses, el Presidente calificó a la administración pública como una “cloaca”.

En una cloaca, la suciedad se convierte en el ambiente normal. Es un antro de mal olor y putrefacción, pero algunos se acostumbran a la hediondez y otros descubren que hasta les gusta; les resulta conveniente.

En Bolivia, un escándalo aún no termina de acaparar nuestra atención cuando otro lo desplaza. La gravedad de los hechos produce indignación, pero la sucesión persistente de indecencias provoca cansancio. El mayor triunfo de la impunidad es conseguir que una sociedad deje de sorprenderse. El interés público se dispersa, las investigaciones pierden impulso y las responsabilidades se desvanecen.

Por mucho tiempo pensé que el mayor problema de Bolivia era la corrupción. Hoy creo que el daño es más profundo. Cuando la corrupción deja de sorprender y la impunidad la incorpora al paisaje cotidiano, ya no es solamente una forma de saquear al Estado; comienza a contaminar la conciencia moral de la sociedad.

Durante casi veinte años de gobiernos del MAS desfilaron casos y se amasaron fortunas al amparo del poder, sin que Bolivia haya recuperado un centavo ni se hayan establecido responsabilidades.

El Fondo Indígena tardó más de una década en llegar a una acusación formal. Marco Aramayo, quien denunció el desfalco, murió después de siete años preso y centenares de procesos. Las barcazas chinas costaron casi 29 millones de dólares, jamás llegaron y fueron rematadas en China. El caso Taladros de YPFB terminó con veinte acusados absueltos y la investigación de las presuntas coimas en la ABC fue sobreseída. La lista es interminable. Ahora Botrading vuelve a obligarnos a preguntar dónde terminaron otros millones.

La memoria reciente tampoco descansa. Pasamos de treinta y dos maletas a las cajas fuertes vacías y los bienes vinculados al caso Marset. Después padecimos la “gasolina basura” y aparecieron cuatro maletas con cerca de doscientos kilos de oro que pretendían salir por Viru Viru.

El caso Cerimedo lleva ahora el problema hasta las puertas del poder. Las denuncias no son pruebas, pero tampoco pueden ignorarse cuando alcanzan a alguien que se movía en el entorno presidencial sin función pública conocida.

La corrupción es un delito. La impunidad permite que se repita y transmite el mensaje de que la ley no es igual para todos y que las conexiones pueden inclinar la balanza de la justicia.

Luego del despliegue mediático inicial, los expedientes suelen enfriarse y los supuestamente implicados terminan en sus casas. Nadie debe ser condenado sin pruebas, pero la detención domiciliaria no puede sustituir el esclarecimiento de la verdad.

Si quien se enriqueció mediante el delito puede negociar, volver a casa y conservar lo obtenido, la ilegalidad comienza a parecer una apuesta rentable.

Esa es la pedagogía de la impunidad. Cada investigación que se extingue enseña que la ilegalidad puede no tener consecuencias. Las conexiones abren más puertas que la capacidad y el dinero borra las preguntas sobre su procedencia.

La corrupción roba recursos destinados a hospitales, escuelas o caminos y, con ellos, nuestro futuro. La impunidad destruye la confianza y el valor social de la honradez.

Un gobernante no sólo administra recursos públicos. Debe demostrar qué conductas no está dispuesto a tolerar. El Presidente llamó cloaca a la administración pública y tiene la obligación de limpiarla. El gobierno responde por sus actos, pero también por lo que omite o encubre.

Pero sería demasiado cómodo descargar toda la responsabilidad sobre el poder. La ciudadanía tampoco puede lavarse las manos. Condena la corrupción de palabra, pero se inclina ante el corrupto. Si su fortuna es grande, deja de preguntarse cómo la obtuvo. Le abre las puertas de su casa, lo recibe en sus círculos sociales y hasta presume de su amistad. Busca sus favores y acaba concediéndole la respetabilidad que su conducta debería negarle. Y si el corrupto es político, lo defiende e incluso le da su voto.

El daño moral se hace evidente cuando dejamos de distinguir entre lo honorable y lo vergonzoso, cuando la riqueza provoca reverencia sin importar cómo fue obtenida y el honrado es tratado como un ingenuo. Si el delincuente ya no necesita esconderse, sino que puede exhibirse y hasta reclamar reconocimiento social, entonces el envilecimiento colectivo es innegable.

Una sociedad que honra al corrupto y mira con desdén al honesto deja de ser solamente víctima. Empieza a convertirse en cómplice de su propia degradación.

Ese es el momento en que la cloaca deja de estar únicamente en la administración pública y la suciedad comienza a extenderse por todo el cuerpo social.

Bolivia necesita préstamos y debe estabilizar el dólar. Pero un país no se reconstruye equilibrando sus cifras. Ninguna transformación será duradera mientras la ilegalidad ofrezca mayores beneficios con menores riesgos y el dinero mal habido compre respetabilidad.

La verdadera reconstrucción de Bolivia comenzará el día en que el enriquecimiento ilícito provoque rechazo en lugar de admiración y la honradez deje de ser considerada una ingenuidad.

¿Empezaremos a limpiar la cloaca… o terminaremos por acostumbrarnos al hedor?