A pocos metros de esa tranca que marca el límite entre la ciudad de La Paz y la carretera hacia Los Yungas se encuentra vigente una amenaza que se cierne sobre toda la ciudadanía: minería aurífera en el lugar y que además pretende ser legal.

Por: Vladimir Ledezma

La Paz, 6 septiembre (ANA).- En el sector que comprende el tramo entre la represa de Incachaca y la tranca de Urujara, saliendo de la ciudad de La Paz camino a Los Yungas (altura Chuquiaguillo), una visita a ese sitio durante el segundo semestre de este 2026, evidenció la persistencia de varias instalaciones mineras que ponen en serio riesgo las aguas del río que surca el lugar.

Comienza la visita al sector

Luego de recibir una denuncia, esta agencia junto a activistas ambientales se trasladó hasta el punto que marca el límite de la ciudad de La Paz. Desde allí, entre tierra, piedras y escombros descendimos hasta la corriente de agua que baja desde el sector de la represa de Incachaca, teniendo al oriente las serranías montañosas cuyas faldas bajan a Hampaturi.

No fue difícil llegar al sector en el que se encontraban las instalaciones mineras, porque quien denuncio su existencia nos proporcionó la ubicación del lugar por vía virtual, es así que luego de unos minutos avistamos estructuras particulares comparables a instalaciones semejantes a un pequeño ingenio minero.

Retroexcavadoras, motobombas, cañerías y una trituradora

En el lugar, sobre el camino junto al río se encontró cañerías que derramaban agua contaminada, algunos metros más allá observamos con asombro una retroexcavadora en plena faena que removía una tierra, un poco más abajo se podía distinguir maquinaria semejante a motobombas y a una trituradora.

Sin embargo, también distinguimos con inquietud que algunas personas que se encontraban en las instalaciones nos observaban. Bueno, no estábamos haciendo nada malo ni incurriendo en ninguna falta, por lo que, si bien con bastante precaución, decidimos continuar bajando por el lugar.

“Nuestro trabajo es legal”

De repente se nos aproximó una persona que se encontraba donde estaba la trituradora, o algo semejante, nos increpó por aproximarnos al lugar sin pedir permiso y capturar fotos y videos del lugar, pero accedió a hablar con nosotros y reconoció que efectivamente allí realizaban trabajos mineros de carácter aurífero, y que cuentan con las autorizaciones otorgadas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que les garantizaban su legalidad.

Al evidenciar la actitud del cooperativista que se nos acercó, hablamos con él sobre los trabajos mineros que se efectuaban allí; nos indicó además que había varias instalaciones mineras desde la altura de la represa de Incachaca y que proseguían aguas abajo, ratificando que todo lo allá existente era reflejo de trabajos de minería orientados a la extracción aurífera. De esa manera nos retiramos apresuradamente del sector para comprobar que más arriba se encontraban aparcadas a unas típicas volquetas que son empleadas para las labores mineras (v. “Instalaciones mineras a metros de la represa de Incachaca que alimenta de agua a La Paz”, 27/09/25, ANA Bolivia).

Al respecto vale recordar que a fin de hacer que una cooperativa minera y los trabajos que lleva adelante sea legal, es necesario que al menos cumpla 15 requisitos, entre ellos se encuentra un certificado de No afectación que demuestre que no se perturba áreas protegidas, asimismo otro de los requisitos consiste en que se realice un estudio de Impacto Ambiental para obtener la correspondiente licencia ambiental, misma que debe demostrar que la correspondiente obra, actividad o proyecto cumple con la Ley del Medio Ambiente Nº 1333 y sus reglamentos, garantizando que operará bajo procedimientos de prevención y control, siendo que ambos requerimientos deben ser brindados a la cooperativa minera por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

Otros requisitos para que las cooperativas mineras y sus operaciones sean legales ante a AJAM son la consulta previa, libre e informada que debe ser realizada a quienes resultaren afectados por esa actividad extractivista, a tal objeto la AJAM debe convocar a la comunidad; de la misma manera se consideran un certificado del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que avale que dichas tierras no presentan conflicto agrario.

Las cooperativas comienzan a operar sin cumplir los requisitos

Sin embargo, según se pudo conocer de fuentes allegadas a la AJAM, las cooperativas mineras, antes de completar los quince pasos para la obtención de la legalidad de su actividad, ya comienzan a desarrollar operaciones en el lugar, con todas las afectaciones que ello comprende, así como una inspección previa/visita previa en la que los implicados encabezados por la AJAM van al terreno verificando ríos, cultivos y casas, lo cual es considerado clave (v. “Denuncian a proyecto minero en Coripata por avasallamiento e incumplir con la consulta previa”, 30/08/26, ANA).

Frente a ello, se hizo saber a esta agencia que la institución jurisdiccional de administración minera, consultada sobre el particular, responderá a ello en los próximos días, a tiempo de trascender que los directivos de la AJAM no están autorizados para la concesión de entrevistas a la prensa instrucción que habría sido emitida por autoridades gubernamentales de mayor jerarquía, como lo son las del ministerio de Minería y Metalurgia. (VLM)

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