El proyecto de ley para regularizar vehículos indocumentados incorpora una reducción de aranceles para motorizados nuevos, con el objetivo de responder a las críticas de las importadoras y facilitar la aprobación de la iniciativa en la Asamblea Legislativa.
Los diputados de Libre Reinaldo Seas, Gimber Zeballos y Armin Lluta continúan con la socialización de un proyecto de ley destinado a regularizar vehículos indocumentados que circulan en el país.
Seas explicó que la propuesta incorpora una disposición para reducir los aranceles de los vehículos cero kilómetros a entre 15% y 17%, niveles que, según el legislador, son similares a los aplicados en Chile.
La medida busca reducir el precio de los vehículos nuevos y responder al rechazo expresado por empresas importadoras, que cuestionaron la iniciativa por considerar que podría legalizar vehículos ingresados de manera irregular.
El proyecto también plantea un cambio de placas para los vehículos que circulan actualmente en el país. Según Seas, la medida permitiría actualizar el registro y detectar placas clonadas. Los propietarios deberán presentar documentación que acredite la legalidad de sus motorizados para acceder al nuevo registro.
El diputado sostuvo que el proceso de reemplazo de placas también generaría ingresos para los municipios, las gobernaciones y el Estado.
Otra disposición contempla reducir los aranceles para maquinaria pesada destinada a los municipios, con el argumento de facilitar la adquisición de equipos para trabajos de mantenimiento vial.
Los impulsores del proyecto informaron que realizaron reuniones de socialización en diferentes regiones y con legisladores de distintas bancadas. Zeballos afirmó que diputados uninominales de Santa Cruz expresaron su respaldo a la propuesta.
Lluta señaló que el proyecto también fue presentado a autoridades del Ejecutivo y que existe predisposición para instalar mesas técnicas. Además, anunció que la iniciativa será puesta en conocimiento del presidente Rodrigo Paz.
Los tres legisladores buscan reunir respaldo regional para garantizar los votos necesarios cuando el proyecto sea tratado por el pleno de la Cámara de Diputados.
