Dos militares retirados y un civil fueron declarados inocentes por un tribunal de sentencia de La Paz, que determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron suficientes para establecer su responsabilidad en los hechos del 26 de junio de 2024.
Los militares retirados Marco Antonio Bracamonte y Mario José Tanaka, además del civil Bismarck Imaña, fueron absueltos de los delitos de atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, en grado de tentativa.
La decisión fue asumida por unanimidad por los integrantes del tribunal, que concluyeron que la prueba presentada durante el proceso no permitió alcanzar convicción sobre la culpabilidad de los tres acusados.
Se trata del tercer proceso abierto por la movilización militar del 26 de junio de 2024, cuando efectivos de las Fuerzas Armadas ocuparon la plaza Murillo de La Paz. El excomandante del Ejército Juan José Zúñiga y otros militares y civiles afrontan procesos distintos por esos hechos.
Después de conocer el fallo, Imaña sostuvo que la sentencia representa justicia y denunció que durante su detención fue confundido con un militar y presionado para asumir responsabilidad por hechos que, según afirmó, no cometió.
También anunció acciones legales contra el exviceministro Jhonny Aguilera, a quien acusó de haber intentado apropiarse de algunas de sus pertenencias durante su detención.
Tanaka expresó su satisfacción por la absolución y afirmó que los acusados fueron sometidos a un proceso sin pruebas suficientes. Según su versión, durante el juicio se habría intentado que aceptaran procedimientos abreviados y asumieran responsabilidad por hechos que negaban haber cometido.
El militar retirado también calificó su detención como un “secuestro” y afirmó que no le fue presentada una orden de aprehensión. Según señaló, la intervención policial tuvo consecuencias para su familia.
La sentencia determina la absolución de los tres acusados dentro de este proceso y establece que la insuficiencia de pruebas impidió determinar responsabilidad penal.
