Romero asegura que un decreto sería suficiente para concretar el cierre y anuncia una transición ordenada. Sin embargo, persisten observaciones sobre el mecanismo legal para eliminar la cartera.
El Ministerio de Planificación continúa funcionando pese a que el presidente Rodrigo Paz anunció hace una semana su cierre como parte de la reducción del aparato estatal.
El ministro Fernando Romero señaló este martes que, según su interpretación, la eliminación de la cartera podría concretarse mediante un decreto.
“Entiendo que mediante un decreto no hay problema”, afirmó Romero al ser consultado por los medios, al explicar que la medida responde a una política de austeridad del Gobierno.
Sus declaraciones se producen después de que surgieran observaciones jurídicas sobre el mecanismo para cerrar la institución. Una ley vigente asigna al Ministerio de Planificación la dirección del Sistema de Planificación Integral del Estado, por lo que, según fuentes gubernamentales citadas por Brújula Digital, sería necesaria una ley para eliminar la cartera y transferir sus competencias.
Mientras se define el procedimiento, Romero confirmó que el ministerio sigue en funcionamiento y aseguró que se prepara una transición “lo más ordenada posible” y “lo más sólida posible”.
El cierre tampoco implicaría que todas sus funciones pasen al Ministerio de Economía, como inicialmente anunció Paz. Romero explicó que Planificación tiene competencias que atraviesan diferentes áreas del Estado y que estas serán distribuidas entre varias instituciones, de acuerdo con sus especialidades.
En esa línea, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, explicó que los cuatro viceministerios dependientes de Planificación tendrán distintos destinos: Planificación Estratégica del Estado pasará a Presidencia; Inversión Pública y Financiación Externa, a Economía; Ciencia y Tecnología, a Educación; y Medio Ambiente y Desarrollo Productivo, a otra cartera.
Por ahora, el Ministerio de Planificación permanece activo, mientras el Gobierno define el mecanismo para concretar su cierre y la redistribución de sus atribuciones.
