INESAD

Un nuevo análisis de la Fundación INESAD estima obligaciones por alrededor de US$1.560 millones y señala que el problema central no es una insolvencia patrimonial, sino una severa tensión de liquidez, divisas y flujo de pagos.

La Fundación INESAD presenta su Boletín de análisis N.º 55, titulado “YPFB bajo presión: deuda flotante, descalce de liquidez y problemas de abastecimiento”, elaborado por los investigadores Javier Aliaga Lordemann y Germán Molina Díaz.

El estudio advierte que YPFB enfrenta una tensión severa de liquidez que puede trasladarse al abastecimiento de combustibles, debido a la combinación de obligaciones vencidas, nuevos compromisos de pago, restricciones de dólares y una brecha persistente entre los recursos disponibles y las necesidades financieras.

Según las estimaciones desarrolladas por los autores, las obligaciones actuales de YPFB alcanzarían aproximadamente US$1.560 millones. Cerca del 75% estaría relacionado con líquidos y logística, lo que muestra que la mayor presión financiera se concentra precisamente en el núcleo del abastecimiento de combustibles.

US$200 millones en obligaciones vencidas

El análisis señala que las obligaciones y compromisos con proveedores internacionales alcanzarían aproximadamente US$960 millones. De este monto, unos US$200 millones corresponderían a obligaciones vencidas, mientras que alrededor de US$330 millones estarían todavía dentro de plazo y otros US$430 millones corresponderían a operaciones en tránsito.

Para los investigadores, esta distinción es fundamental: no toda la deuda comercial representa mora. Las cuentas por pagar pueden ser parte normal del funcionamiento de una empresa importadora siempre que roten dentro de los plazos acordados.

El problema aparece cuando la deuda deja de rotar y los pagos atrasados comienzan a acumularse, obligando a renegociar obligaciones o a depender cada vez más del financiamiento de los proveedores.

“El problema central no es el tamaño de una deuda aislada, sino la pérdida de holgura financiera del ciclo de abastecimiento”, señala el análisis de INESAD.

Una brecha de hasta US$170 millones

Uno de los principales hallazgos del boletín es el descalce de liquidez.

Las estimaciones para agosto de 2026 indican que YPFB habría contado con aproximadamente US$420–450 millones disponibles, mientras que sus egresos se situarían entre US$580–610 millones, generando una brecha estimada de aproximadamente US$160–170 millones bajo los supuestos utilizados.

El estudio explica que esta situación puede compararse con una persona que tiene ingresos suficientes en términos anuales, pero que en un determinado momento no cuenta con efectivo suficiente para cubrir todas sus obligaciones.

Por ello, los autores consideran que la evidencia no demuestra una insolvencia patrimonial de YPFB, pero sí una tensión severa de liquidez y financiamiento del abastecimiento.

El problema no es solo financiero: también es de dólares

El análisis identifica tres descalces que se refuerzan entre sí: moneda, tiempo y flujo.

YPFB recibe una parte importante de sus ingresos en bolivianos, mientras que una proporción relevante de sus compras externas debe pagarse en dólares. Esto significa que disponer de bolivianos no garantiza que la empresa pueda cumplir oportunamente con sus obligaciones internacionales.

El cambio en el tipo de cambio utilizado en el análisis profundiza esta presión. Con una cotización de Bs11,52 por dólar, un pago de US$100 millones requiere Bs1.152 millones, frente a Bs696 millones con el tipo de cambio de Bs6,96.

El boletín sostiene que esta situación se combina con la menor generación estructural de divisas por la caída de la renta gasífera, la mayor dependencia de combustibles líquidos importados, los precios internos subsidiados y las restricciones fiscales y cambiarias.

Trafigura y Vitol concentran más del 72% de la exposición

El estudio también advierte sobre la concentración de la dependencia comercial.

Trafigura y Vitol representarían más del 72% de la exposición internacional de YPFB, mientras que la mora se concentraría principalmente en otros proveedores.

Para los autores, esto genera dos riesgos diferentes. Por un lado, existe un riesgo de dependencia comercial, debido a la concentración del suministro en pocos proveedores. Por otro, existe un riesgo de liquidez, asociado a las obligaciones vencidas.

Si los principales proveedores reducen sus líneas de crédito, exigen pagos anticipados o limitan nuevos suministros, la presión financiera podría trasladarse directamente hacia las importaciones y, posteriormente, hacia la disponibilidad física de combustibles.

El DS 5683 puede aliviar la presión, pero no resolver el problema

El boletín también analiza el impacto del Decreto Supremo 5683, que eleva de Bs1.000 millones a Bs2.000 millones el monto que el Tesoro General de la Nación puede asignar excepcionalmente a YPFB para cubrir el diferencial entre el costo de importación y el precio interno de los combustibles.

De acuerdo con las estimaciones del estudio, esta medida puede proporcionar un alivio importante en el corto plazo, pero no necesariamente elimina el descalce financiero.

Bajo uno de los escenarios analizados, los Bs2.000 millones cubrirían aproximadamente el 70% de la brecha estimada, mientras que un monto cercano a Bs3.000 millones se aproximaría al cierre de ese faltante puntual.

Sin embargo, los investigadores advierten que cubrir una brecha de caja de un mes no garantiza que el problema desaparezca. Si las nuevas obligaciones continúan creciendo más rápido que los pagos y los ingresos disponibles, la presión volverá a aparecer en el siguiente ciclo.

Expertos proponen pasar de la emergencia a una solución estructural

Frente a este escenario, el Boletín N.º 55 plantea una combinación de medidas inmediatas y reformas de mediano plazo.

Entre las acciones prioritarias propone conciliar una única base de obligaciones de YPFB, separar la deuda heredada de las nuevas obligaciones, establecer una regla de priorización de pagos según la criticidad del suministro y preservar las líneas de crédito con proveedores estratégicos.

También recomienda implementar un tablero semanal de seguimiento que permita conocer la deuda vencida, los próximos vencimientos, los pagos realizados, las nuevas obligaciones, los cupos de crédito, las necesidades de dólares a 30, 60 y 90 días y los niveles de inventarios.

En el ámbito estructural, el estudio plantea restablecer la consistencia entre el costo de importación, el precio interno y la compensación fiscal, avanzar hacia la eliminación del subsidio generalizado con mecanismos de protección focalizada y construir una arquitectura coordinada de liquidez y divisas entre YPFB, el Tesoro General de la Nación y el Banco Central de Bolivia.

Asimismo, recomienda reducir gradualmente la dependencia estructural de combustibles importados mediante una combinación de eficiencia energética, recuperación de la producción nacional cuando sea económica y técnicamente viable, optimización de la refinación y logística y sustitución progresiva de combustibles.

“El objetivo no es llevar la deuda a cero”

Para los investigadores, resolver la situación no significa necesariamente eliminar todas las cuentas por pagar de YPFB.

Una empresa importadora puede operar normalmente con obligaciones comerciales siempre que estas roten dentro de los plazos acordados, los vencimientos estén cubiertos y las líneas de crédito permanezcan abiertas.

Por ello, el boletín propone cambiar el criterio para evaluar la situación: pasar de medir únicamente cuánto se ha pagado de deuda atrasada a observar si la deuda vencida disminuye, los pagos de obligaciones antiguas superan de manera sostenida a las nuevas obligaciones y existe suficiente caja y disponibilidad de dólares para cubrir los próximos vencimientos.

El estudio concluye que la deuda flotante es “el síntoma financiero de un desequilibrio más profundo del modelo de abastecimiento”, en el que confluyen la menor generación de divisas, la dependencia de combustibles importados, los precios subsidiados y las restricciones fiscales y cambiarias.

La Fundación INESAD pone este análisis a disposición del debate público con el objetivo de aportar evidencia y elementos técnicos para comprender la situación financiera de YPFB y sus posibles implicaciones sobre el abastecimiento de combustibles y la economía boliviana.

Sobre los autores

Javier Aliaga Lordemann es investigador asociado de la Fundación INESAD y miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

Germán Molina Díaz es economista senior en economía fiscal y presupuestos, docente e investigador asociado del IISEC-UCB y miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.