El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, anunció que el Ejecutivo evalúa procesar penalmente a quienes promuevan movilizaciones con el fin de desestabilizar el proceso electoral previsto para el 17 de agosto. “Vamos a analizar con el Ministerio Público las declaraciones que inciten a la confrontación o busquen alterar el orden democrático”, indicó la autoridad en conferencia de prensa. Aclaró que se respetará el derecho a la protesta siempre que esta se mantenga en el marco de la paz y la legalidad.

La advertencia se da en respuesta al anuncio de una marcha indefinida hacia La Paz, convocada por sectores evistas desde el 26 de mayo, con el objetivo de exigir la renuncia del presidente Luis Arce, los vocales del Tribunal Supremo Electoral y los magistrados prorrogados. Ríos subrayó que cualquier intento de forzar la habilitación de candidatos que no cumplen los requisitos legales será considerado una amenaza a la institucionalidad democrática.

El Gobierno desplegó operativos policiales en los tribunales departamentales electorales como medida preventiva, aunque Ríos aclaró que no se intervendrán las vigilias mientras no haya violencia. En Cochabamba, los seguidores de Evo Morales mantienen una vigilia liderada por el senador Leonardo Loza, pese a la inhabilitación del exmandatario por fallo constitucional y la pérdida de personería de PAN-Bol, el partido con el que intentaba postular.