El gobierno boliviano está preparando un informe para contrarrestar la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que calificó como arbitraria la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. Según el ministro de Justicia, César Siles, el documento internacional es «parcial» y no vinculante, por lo que acudirán al Consejo de Derechos Humanos, al Alto Comisionado y a la ONU para solicitar su revisión.

Camacho fue detenido en diciembre de 2022 y enfrenta un proceso judicial por terrorismo, financiamiento al terrorismo y uso indebido de bienes y servicios del Estado. El gobierno sostiene que su detención fue legítima y que debe ser juzgado conforme a la normativa nacional. Siles enfatizó que Bolivia tiene el derecho de presentar pruebas que respalden su postura ante los organismos internacionales.

El informe gubernamental será enviado la próxima semana y se espera que el Consejo de Derechos Humanos lo evalúe en septiembre. Con esta estrategia, el gobierno busca que la ONU modifique su criterio sobre el caso, reafirmando la legalidad de la detención de Camacho.