El Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca restablecer la circulación y garantizar el abastecimiento de servicios esenciales.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó que el proyecto de ley sobre el estado de excepción remitido por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa contempla operativos para despejar las carreteras bloqueadas e investigaciones destinadas a identificar el origen del financiamiento de las movilizaciones que se desarrollan en distintas regiones del país.

La iniciativa surge en un contexto marcado por 34 días de conflicto y bloqueos que afectan la transitabilidad, el abastecimiento y la prestación de diversos servicios. Según la autoridad, la finalidad de la medida es restablecer la circulación en las rutas, garantizar el suministro de productos esenciales y permitir el funcionamiento regular de los servicios básicos.

Paredes explicó que las intervenciones previstas priorizarán inicialmente el diálogo con los sectores movilizados. Sin embargo, señaló que, en caso de no alcanzarse acuerdos que permitan levantar los bloqueos, se prevé la aplicación de acciones para restablecer el libre tránsito.

Asimismo, indicó que diferentes instituciones y organizaciones fueron convocadas para acompañar el proceso, entre ellas organismos de derechos humanos, la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. También pidió a la población respaldar el trabajo de las fuerzas del orden durante las intervenciones.

Respecto al trámite legislativo, la autoridad señaló que la Asamblea Legislativa dispone de un plazo de 72 horas para tratar la propuesta, aunque expresó su expectativa de que el proceso avance con mayor rapidez debido a la situación que atraviesa el país.

En relación con las personas que eventualmente puedan ser aprehendidas durante los operativos, el viceministro aseguró que se respetará el debido proceso y que cada caso será evaluado de manera individual conforme a la normativa vigente y a las circunstancias específicas de los hechos investigados.

Otro de los aspectos contemplados en el proyecto es el desarrollo de investigaciones paralelas para determinar el origen de los recursos que sostienen las movilizaciones. Según Paredes, las indagaciones incluyen análisis de inteligencia financiera y la revisión de diferentes indicios que actualmente son evaluados por las instancias competentes.

La autoridad sostuvo que existen elementos que motivan estas investigaciones y mencionó la posibilidad de que algunos recursos provengan de fuentes ilícitas. No obstante, precisó que estos aspectos forman parte de procesos investigativos en curso y deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes.

Finalmente, el viceministro afirmó que la aplicación del estado de excepción busca resguardar los derechos de todos los sectores involucrados, incluidos manifestantes, efectivos policiales y miembros de las Fuerzas Armadas. Según explicó, la medida tiene como objetivo atender una situación que calificó como crítica y garantizar condiciones para el abastecimiento y la atención de necesidades esenciales de la población.