El Decreto Supremo 5706 redefine la estructura de esta instancia y establece nuevas competencias para la prevención de la corrupción, la integridad pública, la recuperación de activos y el seguimiento de procesos.
El Gobierno estableció una nueva estructura institucional para fortalecer la lucha contra la corrupción, mediante el Decreto Supremo 5706, que convierte al Viceministro de Transparencia en el “Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia”.
La nueva disposición otorga al representante gubernamental la responsabilidad de coordinar y articular estratégicamente las políticas relacionadas con estas áreas dentro del Órgano Ejecutivo y en la relación con los demás órganos del Estado, además de entidades e instituciones públicas y privadas que correspondan.
Como parte de los cambios, el decreto modifica la estructura del Órgano Ejecutivo y establece que la instancia pase a denominarse Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia.
La entidad contará con tres direcciones generales: Gestión de Denuncias y Análisis Estratégico de Datos, Acción Anticorrupción y Recuperación de Activos, y Gobernanza, Integridad Pública y Fortalecimiento a la Justicia.
Entre sus principales funciones estará la promoción, ejecución, coordinación y evaluación de políticas nacionales destinadas a fortalecer la transparencia, integridad pública y prevención de la corrupción. También deberá diseñar y supervisar el Sistema Nacional de Integridad Pública, además de desarrollar mecanismos para prevenir conflictos de interés y reforzar la ética en la administración pública.
La normativa también asigna al Viceministerio tareas de seguimiento y monitoreo de presuntos hechos de corrupción, incluyendo los procesos administrativos y judiciales relacionados con estos casos.
Otra de las facultades establecidas permite realizar acciones inmediatas “in situ” en entidades y empresas públicas, mixtas, cooperativas y otras organizaciones en las que el Estado tenga participación patrimonial. En esas intervenciones, la institución podrá identificar y requerir documentación e información física o digital, cuya entrega deberá efectuarse de forma obligatoria e inmediata.
El nuevo marco institucional incorpora además competencias vinculadas con la recuperación de bienes y activos derivados de hechos de corrupción. El Viceministerio deberá formular políticas para su recuperación, administración, registro, control y destino a favor del Estado, así como implementar un sistema informático destinado a su registro y seguimiento.
Actualmente, el cargo de Viceministro de Transparencia es ocupado por Yamil García, quien además integra las comisiones que intervienen la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
