El juez federal Rossie D. Alston, del Tribunal de Distrito del Este de Virginia, decidió no considerar la carta enviada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en la que denunciaba una presunta entrega ilegal desde Bolivia a Estados Unidos y supuestas irregularidades cometidas por agentes de la DEA. La decisión fue comunicada durante una audiencia de control realizada el 1 de julio, en la que también se fijó para el 11 de enero de 2027 el inicio del juicio en su contra por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

Al concluir la audiencia, Marset consultó al magistrado si había recibido la carta que envió desde el Centro de Detención de Alexandria, en Virginia. El juez respondió que sí, pero explicó que decidió no leerla al tratarse de una comunicación ex parte, es decir, un contacto directo e improcedente con el juez al margen del procedimiento judicial.

Durante la audiencia, el magistrado también consultó al acusado si estaba conforme con su nuevo equipo de abogados, encabezado por el exfiscal federal Robert Feitel.

«Con mis nuevos abogados, sí», respondió Marset, quien compareció vestido con un uniforme verde oscuro de recluso y asistido por un traductor.

En la carta incorporada previamente al expediente, Marset afirmó que fue capturado el 13 de marzo en Santa Cruz sin una orden de allanamiento ni de aprehensión y que posteriormente fue expulsado de Bolivia para ser entregado directamente a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), procedimiento que calificó como una entrega irregular y violatoria de tratados internacionales.

Asimismo, sostuvo que tras su llegada a Estados Unidos fue interrogado sin la presencia de un abogado y denunció que agentes federales intentaron obligarlo a entregar el acceso a billeteras de criptomonedas con un valor aproximado de cuatro millones de dólares en USDT. Según su versión, posteriormente también contactaron a su madre para obtener las claves de esos activos digitales.

Marset aseguró además que el fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff tenía conocimiento de esas presuntas irregularidades y no actuó, además de presionarlo para aceptar un acuerdo de culpabilidad bajo la amenaza de enfrentar nuevos cargos.

En la misma audiencia, el juez rechazó la solicitud de la Fiscalía de aplazar el juicio hasta marzo de 2027 y mantuvo como fecha de inicio el 11 de enero de ese año, al considerar que se trata de un proceso complejo que demandará al menos dos semanas de audiencias.

La Fiscalía estadounidense amplió recientemente la acusación contra Marset. A los cargos iniciales por conspiración para el lavado de dinero se sumaron los de conspiración narcoterrorista, conspiración para distribuir cocaína y lavado de activos, delitos por los que podría enfrentar una condena de cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.

Mientras tanto, Marset permanece recluido en el Centro de Detención de Alexandria, donde su defensa anticipó que impugnará tanto el procedimiento mediante el cual fue trasladado desde Bolivia como diversos aspectos del proceso judicial antes del inicio del juicio.