Por: Jaime Cuellar*

Bolivia tiene una antigua obsesión con la soberanía y, paradójicamente, una enorme dificultad para convertirla en capacidad efectiva de Estado. Durante décadas aprendimos a asociar su defensa con fronteras, territorio, Fuerzas Armadas, Policía, símbolos patrios y discursos ceremoniales. Esa concepción no es equivocada; simplemente se ha vuelto insuficiente. Mientras continuamos imaginando la soberanía con categorías heredadas del siglo XX, buena parte del poder mundial del siglo XXI circula por rutas mucho menos visibles, minerales críticos, tecnología, información, energía, cadenas de suministro, infraestructura estratégica, financiamiento, plataformas digitales y, quizá lo más delicado, acceso privilegiado a quienes toman decisiones.

Por ello, dos acontecimientos aparentemente inconexos ocurridos en 2026 merecen ser observados dentro de una misma reflexión sobre la capacidad del Estado boliviano, aunque sería irresponsable establecer entre ellos una relación causal sin evidencia. El primero es el acercamiento entre Bolivia y Estados Unidos en materia de minerales críticos. El segundo es la controversia generada alrededor del consultor argentino Fernando Cerimedo, quien ha reconocido haber brindado consejos al presidente Rodrigo Paz en calidad de amigo, al mismo tiempo que niega haber ejercido influencia o poder dentro del Gobierno.

Ninguno de estos hechos demuestra, por sí mismo, que Bolivia se encuentre sometida a una operación extranjera. Mucho menos permiten sostener seriamente que exista conexión entre ambos episodios. Afirmarlo sin pruebas significaría abandonar el análisis para ingresar cómodamente en la conspiración. Pero examinados ambos permiten formular una pregunta considerablemente más incómoda, ¿tiene Bolivia instituciones suficientemente fuertes para saber quién influye, quién negocia, bajo qué condiciones lo hace y quién termina participando, directa o indirectamente, en las decisiones estratégicas del país? ¿O hemos perfeccionado una peculiar forma de soberanía, impecable para los discursos, conmovedora durante los desfiles y sorprendentemente frágil cuando llega el momento de decidir sobre nuestros recursos y nuestro futuro?

Esa es la cuestión de fondo. El acercamiento entre Washington y La Paz en torno a los minerales críticos debe comprenderse dentro de una transformación geopolítica mucho mayor. Estados Unidos ha incorporado estos materiales a sus preocupaciones de seguridad económica y nacional. China mantiene posiciones determinantes en distintos segmentos del procesamiento y refinación mundial. Europa procura reducir dependencias estratégicas. India incrementa sus necesidades industriales. Las principales economías compiten por asegurar cadenas de suministro capaces de sostener la transición energética, la electromovilidad, las telecomunicaciones, la industria aeroespacial, los centros de datos y múltiples tecnologías de importancia económica y estratégica.

Bolivia aparece inevitablemente en ese mapa. De acuerdo con el Mineral Commodity Summaries 2026 del Servicio Geológico de Estados Unidos, el país posee aproximadamente 23 millones de toneladas de recursos identificados de litio. La precisión conceptual es indispensable, hablar de recursos no equivale a hablar de reservas económicamente explotables. Pero incluso realizada esa distinción, la dimensión estimada explica suficientemente por qué Bolivia despierta interés internacional.

A ello se suma el histórico potencial boliviano en estaño, plata, zinc, antimonio, tungsteno y otros minerales. La conclusión debería liberarnos definitivamente de una ingenuidad recurrente, las grandes potencias no contemplan los recursos bolivianos desde la beneficencia internacional; los observan desde sus respectivos intereses nacionales.

Y hacen bien en hacerlo. Estados Unidos procura seguridad de suministro. China busca fortalecer cadenas productivas, inversiones y mercados. Europa persigue mayor autonomía estratégica. Brasil proyecta sus propios intereses regionales. Cada Estado razonablemente organizado intenta garantizar energía, materias primas, tecnología, infraestructura y mercados para sostener su economía y proteger sus intereses nacionales. El problema, por tanto, no consiste en que los demás tengan estrategia. El problema comienza cuando Bolivia se sienta frente a quienes sí la tienen sin haber definido claramente la suya.

Preguntarnos si Estados Unidos, China o cualquier otra potencia “quiere nuestros minerales” resulta casi infantil. Naturalmente existe interés. La pregunta adulta, la verdaderamente soberana, es otra, ¿Qué quiere Bolivia de quienes quieren nuestros minerales?. Ahí comienza la soberanía contemporánea.

La Constitución boliviana establece que los recursos naturales son propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y encomienda al Estado su administración en función del interés colectivo. El ordenamiento nacional reconoce, además, la relevancia estratégica de determinados recursos. Tenemos, por tanto, soberanía jurídica. Pero conviene entender una diferencia esencial, la soberanía jurídica no garantiza automáticamente soberanía material.

Un país puede ser constitucionalmente propietario de millones de toneladas de recursos y, simultáneamente, depender de otros para explorarlos con precisión, financiarlos, extraerlos, procesarlos, industrializarlos, transportarlos, comercializarlos y transformarlos en conocimiento, industria y tecnología.

Entonces aparece una de las contradicciones centrales del modelo boliviano, podemos ser propietarios del recurso y, al mismo tiempo, dependientes de su valor.

El episodio Cerimedo obliga a observar otra dimensión del mismo problema institucional. El consultor argentino ha reconocido haber brindado consejos al presidente Rodrigo Paz “como amigo”, mientras niega haber influido en decisiones gubernamentales. Las circunstancias de su actuación y las investigaciones actualmente existentes deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes, respetando estrictamente la presunción de inocencia, el debido proceso y las garantías constitucionales.

Pero, independientemente del desenlace judicial, queda planteada una cuestión institucional extraordinariamente importante. ¿Dónde termina el consejo personal y dónde comienza la influencia sobre el poder?; ¿Quién registra y conoce qué actores externos tienen acceso habitual a los máximos decisores del Estado? ¿Qué mecanismos permiten distinguir una amistad personal de una participación informal en asuntos públicos? ¿Quién responde institucionalmente cuando recomendaciones nacidas fuera de estructuras formales pueden llegar a aproximarse al proceso de decisión estatal?

La pregunta no acusa; la pregunta exige instituciones. Porque la soberanía contemporánea ya no puede erosionarse únicamente atravesando una frontera territorial. También puede debilitarse desde un despacho, una conversación sin registro, o una influencia sin responsabilidad pública.

Una persona no necesita ocupar un ministerio para intentar influir sobre una decisión. Una empresa no necesita gobernar para procurar orientar una política pública. Una potencia no necesita desplegar tropas para defender sus intereses cuando dispone de financiamiento, tecnología, infraestructura, inteligencia económica, capacidad de negociación, acceso privilegiado a información o poder suficiente dentro de determinadas cadenas productivas.

El poder internacional se volvió considerablemente más sofisticado que nuestras representaciones tradicionales del poder.

Aquí la antigua Doctrina de Seguridad Nacional ofrece un contraste histórico útil. Durante la Guerra Fría, buena parte de América Latina interpretó la seguridad mediante categorías construidas alrededor de la confrontación ideológica, la amenaza comunista y el denominado “enemigo interno”. Las Fuerzas Armadas adquirieron una centralidad política extraordinaria dentro de una arquitectura hemisférica profundamente influenciada por Estados Unidos.

Ese mundo terminó, el problema es que algunos reflejos institucionales parecen haber sobrevivido al mundo que los produjo. Mientras  determinadas estructuras continúan buscando amenazas mediante categorías diseñadas para otra época, el poder contemporáneo aprendió a atravesar las fronteras sin necesidad de ocuparlas.

Y allí la discusión sobre las instituciones bolivianas se vuelve inevitable, la Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas la defensa de la independencia, seguridad, estabilidad, honor y soberanía del país, mientras asigna a la Policía Boliviana la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes. El problema, por tanto, no reside en la inexistencia de mandato constitucional, sino en preguntarnos si nuestras instituciones comprenden cuánto ha cambiado aquello que están llamadas a proteger.

Cuando la soberanía también se disputa alrededor de minerales estratégicos, infraestructura crítica, tecnología, información, datos, observar la seguridad exclusivamente desde la frontera territorial resulta peligrosamente anacrónico. Mientras el mundo compite por litio, minerales críticos, inteligencia artificial, energía o dominio tecnológico, parte de nuestra institucionalidad parece continuar aferrada a una concepción ceremonial de la soberanía, solemne en el uniforme, impecable en la efeméride y preocupantemente distante de las nuevas arenas donde realmente se distribuye el poder.

El riesgo consiste en que quienes constitucionalmente están llamados a contribuir a su defensa terminen convertidos en espectadores de una batalla geopolítica que ocurre frente a ellos, pero cuyos instrumentos, actores y consecuencias apenas alcanzan a identificar.

A veces basta con instituciones que continúan custodiando solemnemente las fronteras de ayer mientras el poder, la información, el valor y las decisiones estratégicas atraviesan las fronteras de hoy.

Bolivia necesita, por ello, abandonar definitivamente la soberanía declamada y construir una soberanía medible. Necesita conocer con precisión sus recursos; proteger su información estratégica; fortalecer ciencia, geología, tecnología e investigación; formar cuadros profesionales capaces de negociar internacionalmente; transparentar acuerdos vinculados con recursos estratégicos; establecer mecanismos institucionales de trazabilidad sobre actores que participan en decisiones sensibles; diversificar socios internacionales; desarrollar capacidades propias de industrialización y, sobre todo, medir cuánto valor permanece efectivamente dentro del país después de cada gran negociación.

Soberanía no significa aislamiento. Bolivia necesita capital, tecnología, mercados, conocimiento, cooperación e inversión. La cuestión decisiva no es impedir que otros países defiendan sus intereses; consiste en desarrollar la capacidad suficiente para que Bolivia defienda los suyos con la misma inteligencia.

La soberanía del siglo XXI ya no puede medirse solamente preguntando cuánto territorio controlamos. También debemos preguntarnos cuánto sabemos, cuánto transformamos, cuánto negociamos, cuánto impedimos para que estos personajes oscuros definan sobre la riqueza y recursos de nuestro país.

Porque quizá el mayor riesgo para el país no sea que alguien venga algún día a arrebatarnos formalmente nuestros recursos.

El riesgo verdadero es considerablemente más silencioso, que sigamos siendo en papeles dueños de Bolivia mientras, poco a poco, dejamos de ser dueños de las decisiones que determinan su futuro.

*Es abogado e investigador especializado en minería ilegal