Por Ricardo V. Paz Ballivián
Esta semana, en Tiquipaya, el Órgano Electoral Plurinacional dio el primer paso institucional hacia lo que su presidente, Gustavo Ávila, ha llamado una «regulación moderna, clara y acorde a los nuevos tiempos». Autoridades del Tribunal Supremo Electoral y de los nueve Tribunales Electorales Departamentales se reunieron para trazar la hoja de ruta de una reforma que tocará tres leyes: la 018 del Órgano Electoral, la 026 de Régimen Electoral y la 1096 de Organizaciones Políticas. Hay un plazo de veinte días para que los TED presenten sus propuestas técnicas, y el compromiso institucional es elevar, más adelante, un proyecto «coherente, integral y técnicamente sustentado» al Ejecutivo y al Legislativo.
Es una buena noticia y llega, además, en el momento oportuno. Concluido el ciclo de elecciones subnacionales y sin comicios en el horizonte inmediato, Bolivia tiene por delante una ventana, probablemente breve, para legislar sin la presión de un calendario electoral encima. Ya lo dijimos hace unos meses, necesitamos una reforma electoral, ¡ya! No hay excusa para postergarla otra vez.
Pero conviene decirlo con toda claridad desde el inicio. Actualizar la normativa electoral, por necesaria que sea, no basta. Bolivia no enfrenta únicamente un problema de leyes desactualizadas o de procedimientos farragosos, aunque los tiene, y de sobra. Enfrenta un problema más profundo y menos visible. Nunca ha construido un verdadero sistema de organizaciones políticas. Y sin ese sistema, cualquier reforma electoral, por técnicamente impecable que resulte, seguirá administrando los síntomas sin tocar la enfermedad.
Repasemos lo que de verdad está en juego. El cómputo, la inscripción y sustitución de candidaturas, la paridad y alternancia, la regulación de encuestas y debates, la incorporación de tecnología al escrutinio. Todo eso, que integra la agenda anunciada por el OEP, pertenece al terreno de la ingeniería electoral. Es indispensable, pero es apenas la mitad del problema. La otra mitad, la que rara vez ocupa el centro del debate público, tiene que ver con qué clase de organizaciones compiten por el poder, cómo se forman, cómo eligen a sus dirigentes y candidatos, cómo se financian y qué las hace responsables ante la ciudadanía entre una elección y otra.
Bolivia ha tenido, a lo largo de su historia democrática reciente, partidos que en rigor no fueron partidos. La mayoría resultó en siglas de alquiler activadas cada cinco años, vehículos personalistas construidos alrededor de un caudillo, organizaciones sin vida orgánica entre comicios, sin democracia interna verificable y sin más proyecto que ganar una elección. La Ley 1096, pese a su intención declarada de democratizar las estructuras partidarias, se ha convertido, lo hemos sostenido antes, en un laberinto de trámites que no resuelve lo esencial: no hay barreras de entrada y salida suficientemente exigentes para otorgar y retirar personerías jurídicas, no existe financiamiento público equitativo que nivele la cancha entre fuerzas grandes y pequeñas, y las sanciones por incumplir las reglas de democracia interna son, en la práctica, letra muerta. El resultado es previsible, partidos que no representan, que no forman cuadros, que no rinden cuentas, y una ciudadanía que desconfía tanto de las urnas como de quienes las disputan.
A esto se suma un segundo problema estructural, que la propia experiencia reciente del país ha vuelto innegable, la judicialización de la política. Decisiones que deberían resolverse en sede estrictamente electoral, cancelaciones de personería, habilitaciones e inhabilitaciones de candidatos, controversias sobre el padrón, terminan dirimiéndose en tribunales constitucionales, con calendarios electorales rehenes de amparos y acciones de inconstitucionalidad. Esa injerencia no es un detalle procesal, puesto que erosiona la jerarquía del Órgano Electoral como cuarto poder del Estado y traslada la batalla política de las urnas a los juzgados. Ninguna reforma que no separe con nitidez la función jurisdiccional electoral de la función judicial ordinaria, y que no blinde a la primera de intromisiones ajenas a su fuero, habrá tocado el fondo del problema.
De ahí que la reforma que Bolivia necesita no pueda limitarse a corregir artículos dispersos en tres cuerpos legales distintos, aprobados en momentos distintos y con lógicas distintas. Necesitamos, como lo hemos planteado insistentemente, un Código de la Democracia, vale decir, un cuerpo normativo único que compile, concuerde y actualice la Ley del Órgano Electoral, la Ley de Régimen Electoral y la Ley de Organizaciones Políticas bajo un mismo principio de unidad de materia. No se trata de un capricho de ordenamiento jurídico ni de una preferencia estética por la sistematización. Se trata de cerrar, de una vez, las lagunas y contradicciones entre leyes que hoy se interpretan de manera aislada, y a veces contradictoria, y que por esa vía terminan abriendo la puerta a la arbitrariedad y a la judicialización que tanto daño le ha hecho a la credibilidad de nuestros procesos.
Un Código de la Democracia bien concebido tendría que resolver, en un solo texto y con una sola lógica, al menos cuatro cuestiones: la separación entre la función jurisdiccional electoral, exclusiva y excluyente, y la función administrativa y logística de organizar elecciones; la introducción de la segunda vuelta también en la elección de alcaldes; un régimen de organizaciones políticas con barreras de entrada y salida exigentes, financiamiento público equitativo y sanciones reales a la falta de democracia interna; y un procedimiento sumarísimo y definitivo para resolver controversias electorales, que impida que una cautelar constitucional detenga un calendario electoral o inhabilite candidatos a última hora.
El proceso que el OEP acaba de inaugurar en Cochabamba tiene la virtud de convocar a las nueve regiones y de fijarse un método participativo. Ojalá ese método sirva no solo para pulir el articulado vigente, sino para plantearse la pregunta más incómoda e importante, si, después de cuatro décadas de democracia, Bolivia finalmente está dispuesta a construir el sistema de organizaciones políticas que nunca tuvo. Todo lo demás, el padrón biométrico, la regulación de encuestas, la paridad, la tecnología en el escrutinio, importa, y mucho. Pero si al final del proceso el país solo actualiza sus normas sin refundar su institucionalidad partidaria y sin sacar la política de los tribunales, habremos perdido, otra vez, una oportunidad que no podíamos darnos el lujo de desperdiciar.
