A pocos días de la audiencia prevista para el 1 de julio en Estados Unidos, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset presentó una carta ante un juez federal en la que denuncia presuntas extorsiones por parte de agentes de la DEA, cuestiona el accionar de la Fiscalía y comunica el cambio de sus abogados defensores.

En la misiva, Marset afirma que desde el momento de su detención y traslado a territorio estadounidense se produjeron “graves violaciones” a sus derechos fundamentales, por lo que solicitó la intervención del tribunal para garantizar un proceso justo.

Según su versión, tras ser interrogado por agentes de la DEA, estos le exigieron acceso a una billetera digital con criptomonedas valuada en aproximadamente cuatro millones de dólares. Sostiene que los agentes se comunicaron mediante WhatsApp con su madre y le solicitaron fotografías de un cuaderno donde estaban anotadas las claves de acceso a dichas cuentas.

Marset también cuestionó el desempeño de sus abogados actuales, señalando que se negaron a denunciar estos hechos o a presentar recursos para apartar al fiscal federal adjunto encargado del caso. Asegura que, pese a que sus defensores notificaron formalmente al fiscal sobre las supuestas irregularidades, este no adoptó ninguna medida, lo que considera un “ocultamiento activo”.

Asimismo, afirma haber sido presionado para aceptar un acuerdo de culpabilidad y denuncia que fue amenazado con la posibilidad de enfrentar nuevos cargos en caso de rechazar esa opción.

Ante la falta de acciones de su defensa, indicó que sus familiares presentaron denuncias ante el FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y la Oficina de Responsabilidad Profesional de esa misma institución, además de otros organismos federales de supervisión. También sostiene que agentes habrían impedido que pueda reunirse con nuevos abogados.

En su petición al juez, solicita que se permita el ingreso de sus nuevos representantes legales, que se adopten medidas para evitar cualquier contacto con agentes de la DEA vinculados a las denuncias durante eventuales traslados y que se deje constancia de las presuntas irregularidades expuestas.

“No soy culpable de los cargos que se me imputan y estoy preparado para demostrarlo. Mi único deseo es tener acceso a una representación legal adecuada y a un proceso justo”, señala Marset en el cierre de la carta.

Marset fue capturado en marzo de este año en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y posteriormente expulsado de Bolivia hacia Estados Unidos, donde permanece recluido en una prisión federal a la espera del inicio de su juicio, fijado para el 1 de julio, luego de que la Fiscalía y la defensa acordaran ampliar el plazo para preparar el proceso.