La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por presunta explotación ilegal de oro en el sector de Misicuni, ubicado en el municipio de Quillacollo, Cochabamba. Además, inició el procedimiento para revertir el derecho minero del área denominada El Dorado.
El director de la AJAM, Jaime Sanabria, informó que una inspección de oficio permitió identificar trabajos mineros dentro y fuera de los límites de la concesión. Señaló que el área no paga patentes mineras desde 2014 y que se desarrollaban actividades informales e ilegales.
Sanabria precisó que el derecho minero fue otorgado el 15 de noviembre de 2005 al empresario unipersonal José Luis Eulogio Mir Franco. Indicó que el procedimiento de reversión por falta de adecuación podría concluir en un plazo de hasta una semana. Entretanto, se emitió una resolución administrativa para suspender las operaciones.
El caso cobró relevancia después de que la asambleísta departamental Claudia Martínez denunciara una presunta contaminación de la represa de Misicuni por actividades mineras en el río Cerqueta, uno de sus afluentes. La legisladora también afirmó que ella y su equipo fueron amedrentados cuando intentaron ingresar a la zona para realizar tareas de fiscalización.
La autoridad minera advirtió que las operaciones se desarrollaban dentro del Parque Nacional Tunari, un área protegida, y anunció que coordinará con la Fiscalía y la Policía una intervención para decomisar o destruir la maquinaria empleada e identificar a los responsables.
Finalmente, Sanabria cuestionó que las autoridades ambientales de anteriores gestiones no hubieran intervenido, pese a que el problema era conocido desde 2023. Sostuvo que la fiscalización del impacto ambiental y la suspensión de actividades por contaminación corresponden a la Secretaría Departamental de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba.
