El exvicepresidente Álvaro García Linera justificó su decisión de acogerse nuevamente al asilo político en México y afirmó que no existen garantías para un debido proceso en la investigación por el caso Hotel Las Américas. En ese contexto, sostuvo que el entonces presidente Evo Morales ordenó detener a los integrantes de la presunta organización terrorista, pero nunca instruyó su muerte.
García Linera defendió el operativo policial ejecutado la madrugada del 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, al señalar que respondió a una situación de seguridad nacional ante la presencia de mercenarios extranjeros que, según su versión, pretendían provocar una guerra civil y dividir el país.
Explicó que Morales se encontraba en Venezuela cuando ocurrió la intervención y que él ejercía la Presidencia de manera interina. Aseguró que la instrucción recibida del entonces mandatario fue detener a los sospechosos y ponerlos a disposición de la justicia. Durante el operativo, tres de los cinco integrantes de la presunta célula terrorista murieron en un enfrentamiento con efectivos policiales.
El exvicepresidente también cuestionó el estado de la administración de justicia en Bolivia y afirmó que el poder político y económico condiciona las decisiones judiciales. Argumentó que esa situación impide garantizar un proceso independiente, motivo por el cual decidió recuperar el asilo político y la residencia permanente que México le concedió en 2019.
Pese a su decisión de permanecer fuera del país, García Linera manifestó que está dispuesto a declarar ante una instancia imparcial y someterse a un proceso que respete los procedimientos establecidos para un juicio de responsabilidades. Insistió en que el operativo debe analizarse como un asunto de seguridad nacional y no únicamente como un hecho político.
Consultado sobre las críticas de Morales, quien lo calificó de cobarde por salir de Bolivia y evitar enfrentar el proceso, el exvicepresidente evitó responder directamente. Señaló que no considera al expresidente su adversario y que sus diferencias no modifican su posición sobre quiénes representan una amenaza para el país.
Ambos exmandatarios fueron denunciados mediante una proposición acusatoria por los hechos del Hotel Las Américas. La Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia admitieron la demanda y dispusieron el inicio de las investigaciones. Si se encuentran elementos suficientes, el Ministerio Público podrá solicitar la apertura de un juicio de responsabilidades.
