El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un juez federal admitir mensajes interceptados y pruebas de presuntos sobornos que Sebastián Marset habría pagado a funcionarios de Bolivia y otros tres países para mantener operativa su organización internacional de narcotráfico.
La Fiscalía sostiene que el acusado habría recurrido a pagos ilegales para obtener información confidencial y protección de autoridades en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Según los investigadores, estas conexiones le habrían permitido anticiparse a operativos policiales y continuar con actividades de narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos.
En el caso boliviano, los fiscales estadounidenses señalan que los supuestos sobornos habrían facilitado el acceso de Marset a archivos policiales relacionados con investigaciones de narcotráfico, información anticipada sobre operativos destinados a capturarlo y detalles de reuniones entre la Administración para el Control de Drogas (DEA) y funcionarios del país.
Otro elemento que la Fiscalía pretende presentar ante el jurado son las comunicaciones cifradas intercambiadas mediante la plataforma Sky ECC. Los investigadores identificaron 12 números de identificación personal presuntamente utilizados por integrantes de la organización, tres de ellos vinculados directamente con Marset. Entre los mensajes figurarían fotografías, conversaciones y otros registros que, según los fiscales, permitirían establecer su participación en la estructura criminal.
La acusación también sostiene que Marset recurría a amenazas y violencia contra quienes interferían en sus actividades o colaboraban con las autoridades. Entre las evidencias mencionadas figura una fotografía de una persona asesinada que habría sido enviada por el propio acusado mediante mensajes cifrados.
Por su parte, la defensa busca excluir diferentes elementos de la acusación, entre ellos referencias a hechos violentos que considera ajenos a los cargos específicos, registros bancarios, incautaciones de droga y declaraciones de terceros. También cuestiona la validez de la acusación por lavado de dinero y la aplicación de los cargos de narcoterrorismo.
El proceso judicial está previsto para principios de 2027. El juez federal Rossie Alston Jr. deberá resolver siete mociones presentadas por las partes antes del juicio, en las que se definirá qué pruebas y comunicaciones podrán ser conocidas por el jurado.
Marset fue detenido en Santa Cruz en marzo de 2026 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por lavado de dinero, narcotráfico y narcoterrorismo. Las presuntas conexiones con funcionarios bolivianos forman parte de los argumentos que la Fiscalía estadounidense busca incorporar al proceso, pero deberán ser sometidas a valoración judicial.
