Rodrigo Paz llegó al poder con la promesa de constituir un gobierno diametralmente diferente al del masismo. Doce meses después, se parece cada día más… y más… y más.
A un año de su posesión, y dadas las circunstancias, la marca de su gobierno debería ser la reforma económica. Pero no. Su marca es la corrupción. A estas alturas, la opinión pública, que se construye en los espacios físicos y virtuales, debería estar hablando del cambio de modelo económico. Pero no. Está hablando de un latrocinio de grandes proporciones.
La agenda de la corrupción comenzó apenas 21 días después de la posesión del nuevo gobierno, el 29 de noviembre. Ese día, un jet privado procedente de Estados Unidos aterrizó en Bolivia con 32 maletas que, según las denuncias, contenían más de 100 millones de dólares. El caso llegó a los medios de comunicación recién el 21 de enero.
A casi un año del hecho, la exdiputada Laura Rojas Ayala, que retiró las maletas del aeropuerto de Viru Viru, todavía no revela de quién era ese cargamento. El Estado, por su parte, hizo muy poco para dar con el ciudadano uruguayo-estadounidense Gabriel Giulian Leoni, que acompañó a Rojas en aquel vuelo.
Días después, los medios informaron que las maletas habían sido trasladadas a un galpón vinculado al juez Hebert Ceballos. La fuerza antidroga intervino el lugar y encontró 79 kilos de marihuana y armas.
El vicepresidente Edmand Lara reveló que la Policía brasileña había alertado a la Policía boliviana, el mismo 29 de noviembre, sobre el vuelo chárter. Según esa advertencia, un agente brasileño informó que la aeronave transportaba dinero destinado al pago de un cargamento de droga.
Lara también reveló un informe del teniente Marvin Manzaneda dirigido al capitán Cristhian Rodríguez, entonces ayudante del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. El documento advierte que Manzaneda informó a Rodríguez, mediante un chat enviado ese mismo 29 de noviembre, sobre las 32 maletas, su contenido y el objetivo de la operación.
A un año del escándalo, la investigación no avanza.
Meses después estalló otro escándalo: la gasolina basura. La gente estaba preparada para un gasolinazo, pero no para descubrir que el gobierno, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), le vendía gasolina casi un 100 por ciento más cara y, al mismo tiempo, de peor calidad. Estaba preparada para pagar más por el combustible, pero no para ver cómo se arruinaban sus vehículos.
El gobierno de Rodrigo Paz se ahogó entre mentiras y explicaciones cantinflescas. Alguien ganó con la gasolina basura. Hasta la fecha, el país no conoce quién fue ese alguien porque el gobierno no ha logrado identificarlo ni presentarlo ante la justicia.
Apenas terminó la paralización del país provocada por los 53 días de bloqueos, apareció el caso del oro. El 22 de julio del presente año, la Policía aprehendió a Adrián Lema Roca en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando pretendía embarcar 189,5 kilos de oro distribuidos en cuatro maletas con destino a Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Para lograrlo, habría utilizado formularios falsificados del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom). A cuatro meses del hecho, Lema no ha revelado quiénes le encargaron el traslado del oro, recuperó su libertad y el caso agoniza en las oficinas judiciales.
¿Hay gente del gobierno involucrada en este caso? Si los implicados hubieran pertenecido a la oposición, ¿la Policía y la Fiscalía ya los habrían encontrado?
Unos días después, el 11 de agosto, estalló otro escándalo: el del entonces ministro de Economía, Gabriel Espinoza. Había comprado una vagoneta Audi Q4 e-tron que no figuraba en su declaración jurada del 29 de junio de 2026. Pero había algo más: en el documento notarial aparecía un precio de Bs 50.000 (unos 7.000 dólares), una cifra muy inferior al valor comercial del vehículo, que supera los 60.000 dólares.
Espinoza calificó el escándalo como un «tema de cocina» y atribuyó el «error» a la tramitadora. Días después fue destituido. Burlarse de la fe del Estado es una forma de corrupción. Mucho más cuando quien lo hace es un funcionario responsable de administrar la economía del país.
Seis días después, la noche del 17 de agosto, estalló una bomba en el corazón político y familiar del gobierno. El argentino Fernando Cerimedo, entonces asesor personal de Rodrigo Paz, fue acusado por su pareja, Nadia Beller, de intentar asesinarla mediante la contratación de dos sicarios, según la denuncia de ella misma.
Rodrigo Paz intentó desvincular a Cerimedo de su entorno. Pero las fotografías, los videos y los audios evidenciaban la cercanía entre ambos y el poder que el argentino ejercía de facto.
Desde entonces comenzaron a difundirse grabaciones de conversaciones entre Cerimedo y algunos ministros; entre Cerimedo y Marielena Urquidi, esposa de Rodrigo Paz; y entre Cerimedo y Catalina Paz, su hija.
El contenido de esas conversaciones contiene indicios que ameritan una investigación por posibles hechos de corrupción.
Sin embargo, en lugar de investigar a los posibles involucrados, Rodrigo Paz ordenó sutilmente buscar al responsable de grabar y filtrar los audios.
Ya sabemos que Cerimedo es quien realizó las grabaciones: su voz aparece en primer plano. Verificadoras de prestigio establecieron que los audios no fueron producidos con IA. Pero el fiscal general interino ya anunció disimuladamente que no investigará el caso. Para justificar esa decisión, mencionó que un software especializado y la capacitación de un perito costarían alrededor de 450.000 dólares.
En medio de todos estos escándalos, Rodrigo Paz recibió, el 27 de septiembre, una ayuda inesperada del gobierno de Donald Trump para descabezar el Ministerio Público. El Departamento de Estado informó que el entonces fiscal general, Róger Mariaca, había quedado sin visa de ingreso a Estados Unidos por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Tres días después fue aprehendido.
Ese día, el gobierno vibró de euforia. Pero la alegría duró muy poco: los audios de Cerimedo volvieron a instalarse en la agenda pública.
Y no fue lo único. Apareció un video en el que se observa a un grupo de policías sacando maletas, supuestamente llenas de dinero, y otros objetos de valor de la casa de Sebastián Marset. Las imágenes corresponden a la madrugada del 13 de marzo de 2026, cuando se realizó el operativo de captura del narcotraficante.
El teniente coronel de la Policía Erick Correa difundió un audio grabado el 5 de mayo que revela una presunta coordinación entre el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el entonces viceministro de Sustancias Controladas, hoy ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, para entregar a la Fiscalía una caja fuerte de Marset.
La grabación sugiere que el gobierno conocía la existencia de las maletas y de otros objetos que habrían sido sustraídos de la casa del narcotraficante durante el operativo del 13 de marzo.
En apenas doce meses, tantos escándalos han impedido que el gobierno de Rodrigo Paz pueda presentarse ante el país como una gestión transparente. Por eso, cada día se parece más al periodo del MAS, pero en mucho menos tiempo.
De ello sabe incluso el político que le cedió su equipo económico para que pudiera llegar a la segunda vuelta y ganar las elecciones.
Samuel Doria Medina afirmó en entrevistas que informó a Rodrigo Paz sobre la supuesta protección a avionetas que transportaban droga. También denunció que los cobros ilícitos por vuelo habrían aumentado de unos 50.000 dólares en el pasado a entre 70.000 y 80.000 dólares en la actualidad.
Uno de los audios de Cerimedo aborda precisamente este asunto. Sin embargo, ni la fuerza antidroga ni la Fiscalía investigan el caso.
La suerte ayudó a Rodrigo Paz a llegar a Palacio. Pero la suerte no es suficiente para gobernar con transparencia, mucho menos para permanecer en el poder. Para desarrollar una buena gestión, ejercer el poder sin corrupción y conservar la confianza ciudadana se necesita algo más: virtud.
Hasta ahora, la virtud ha estado ausente del gobierno de Rodrigo Paz.
Por eso, la percepción ciudadana podría resumirse en una frase que encierra la mayor paradoja de este primer año de gestión: Hemos cambiado de gobierno para volver a lo mismo.
Andrés Gómez Vela es Periodista, Analista y Abogado.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera
