El Viceministerio de Transparencia presentó una denuncia penal contra dos exautoridades y dos funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Potosí, tras detectar movimientos económicos que superarían los Bs 715.000 y que no tendrían correspondencia con sus ingresos habituales.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que la investigación comenzó a partir de una denuncia anónima sobre presuntos cobros de aportes a trabajadores de la institución en junio de 2025. Posteriormente, se realizó un rastreo financiero y patrimonial para identificar depósitos, transferencias y adquisición de bienes.
Uno de los principales hallazgos involucra a la entonces administradora departamental del INE, quien habría registrado más de Bs 580.000 en transacciones fuera de su perfil económico. De ese monto, aproximadamente Bs 300.000 procederían de depósitos realizados por otros funcionarios y más de Bs 200.000 corresponderían a operaciones con personas que trabajaron como proveedores de la entidad.
García señaló que estos últimos movimientos podrían estar relacionados con presuntos pagos de coimas o cohecho. Además, la investigación identificó dos inmuebles que no habrían sido incluidos en la declaración jurada de bienes y rentas de la exadministradora, así como dos cuentas bancarias con saldos que superarían en conjunto los Bs 190.000.
En el caso del exencargado departamental del INE, Hernán Arcibia, se identificaron otros Bs 135.000 que presuntamente también tendrían origen en recaudaciones entre el personal de la institución. Asimismo, se detectaron dos bienes inmuebles en la zona de Villa Copacabana, en Potosí, que tampoco figurarían en su declaración patrimonial.
A partir de estos indicios, el Viceministerio presentó la denuncia ante el Ministerio Público contra las dos exautoridades y otros dos funcionarios señalados como presuntos recaudadores. Los denunciados son investigados por enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas y concusión.
El caso fue remitido a la Fiscalía Departamental de Potosí y quedó a cargo de un fiscal especializado. La investigación deberá establecer el origen de los recursos, las circunstancias de los presuntos cobros y el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.
