Tras varias horas de audiencia, una juez determinó otorgar detención domiciliaria permanente al fiscal Julio César Canaza Sóliz y a otro imputado en el proceso, pese a que el Ministerio Público había solicitado su detención preventiva.
La resolución establece que ambos deberán permanecer en sus domicilios, presentarse cada 15 días ante la Fiscalía y cumplir con el arraigo, que les impide salir del país.
El fiscal asignado al caso, Ronald Vargas, cuestionó la determinación y afirmó que el Ministerio Público presentó indicios sobre la existencia del hecho investigado y elementos que, a su criterio, justificaban la aplicación de medidas cautelares más estrictas.
Uno de los principales argumentos de la Fiscalía es el presunto riesgo que enfrentaría una de las testigos consideradas clave en la investigación. Vargas señaló que este aspecto fue expuesto durante la audiencia, pero no fue suficiente para que la juez ordenara la detención preventiva.
Ante la decisión, el Ministerio Público presentó una apelación para que una sala penal revise la resolución y determine si corresponde modificar las medidas impuestas. La instancia de alzada deberá analizar los argumentos de ambas partes y emitir un nuevo pronunciamiento.
La Fiscalía ratificó que considera necesaria la detención preventiva para garantizar el desarrollo de las investigaciones, mientras que Canaza ejerció su derecho a la defensa durante el proceso.
