La Fiscalía General del Estado desvinculó a 60 funcionarios que trabajaron durante la gestión del exfiscal general Róger Mariaca, actualmente detenido en la cárcel de Cantumarca, en Potosí, por presunta protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Las desvinculaciones alcanzan a fiscales de distintos departamentos del país y fueron formalizadas mediante memorandos de agradecimiento fechados el 20 de octubre. Entre los apartados están Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental del Beni, y Julio César Porras Velarde, quien se desempeñaba como fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz. Ambos aparecen en la nómina de bolivianos con visas restringidas por Estados Unidos.
El fiscal general, José Armando Urioste, informó que el Ministerio Público recopila antecedentes para establecer si existen elementos suficientes que justifiquen investigaciones penales contra ambos exfuncionarios. Aclaró que figurar en la lista estadounidense no constituye, por sí mismo, prueba de responsabilidad criminal ni implica que una persona deba ser procesada.
En Santa Cruz, el fiscal departamental Jimmy López confirmó que los memorandos fueron emitidos el 20 de octubre y negó que las desvinculaciones se hubieran dispuesto únicamente después de la publicación de la lista. Según explicó, la decisión también responde a antecedentes y denuncias contra funcionarios de esa repartición. Estimó que alrededor de una docena de trabajadores del departamento estaría entre los afectados.
Urioste reconoció que los casos de presunta corrupción afectan la imagen internacional de Bolivia, aunque consideró que su esclarecimiento puede contribuir a corregir problemas institucionales. Las restricciones de visas impuestas por Washington, entretanto, no constituyen una sentencia judicial ni demuestran por sí mismas la comisión de delitos.
