La destrucción de cargamentos de madera boliviana en Chile generó reclamos de importadores de Estados Unidos y México, que exigieron explicaciones a las autoridades chilenas y solicitaron garantías para verificar los análisis que motivaron la retención de los productos.
La controversia se produce en medio de la visita oficial del presidente chileno, José Antonio Kast, a Bolivia. Mientras los exportadores bolivianos buscan una solución diplomática, las empresas afectadas evalúan acciones legales para exigir resarcimiento por las pérdidas ocasionadas.
La International Wood Products Association (IWPA), que representa a importadores estadounidenses, cuestionó la falta de verificación independiente de los resultados técnicos presentados en Chile. La organización sostuvo que cargamentos bolivianos inspeccionados en países como Brasil, Perú, Francia, Canadá y Estados Unidos fueron liberados sin hallazgos ilícitos. También señaló que autoridades estadounidenses reportaron resultados negativos en contenedores identificados como positivos en Chile.
El gremio cuestionó que los propietarios de la madera no hayan tenido acceso a contramuestras ni a la información completa de los análisis. Por ello, pidió preservar las pruebas y suspender la destrucción de nuevos cargamentos mientras existan solicitudes pendientes de verificación.
Desde México, la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales (IMEXFOR) advirtió que el conflicto perjudica a compradores, distribuidores y empresas navieras. La organización informó que cargamentos destinados al mercado mexicano fueron retenidos en el puerto de San Antonio entre abril y mayo, pese a haber sido embarcados en Arica tras superar controles previos.
Ambas organizaciones solicitaron acceso a la documentación técnica, análisis confirmatorios en laboratorios competentes y un protocolo de muestreo que garantice la cadena de custodia y una segunda prueba. La Cámara Forestal de Bolivia calcula que las pérdidas por la destrucción de la madera oscilan entre $us 10 y 15 millones, sin incluir los costos asumidos por compradores extranjeros.
Los exportadores bolivianos esperan que el caso avance por las vías diplomática y judicial. Una audiencia prevista en Chile para el 20 de octubre podría marcar un nuevo paso en las acciones emprendidas para esclarecer la controversia y determinar eventuales responsabilidades.
