El abogado y representante del Movimiento Naranja, Juan Carlos Rebollo, justificó la acción popular presentada contra el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, por la difusión pública de grabaciones de audio relacionadas con autoridades. Según el jurista, la divulgación de este material sin seguir los procedimientos correspondientes podría poner en riesgo la seguridad de la información estatal y la validez de las pruebas.
Rebollo explicó que el recurso solicita que Lara entregue las grabaciones y sus antecedentes al Consejo Nacional de Defensa (Cosdep), además de informar sobre el origen de las filtraciones. Argumentó que, si existen sospechas de espionaje tecnológico contra autoridades, corresponde remitir los elementos a las instancias competentes para que sean investigados y sometidos a peritajes.
El abogado también sostuvo que la difusión de audios puede comprometer la cadena de custodia, el procedimiento que permite garantizar que una prueba no haya sido alterada o manipulada. A su juicio, cualquier indicio de un posible delito debe ser puesto en conocimiento de las autoridades judiciales, en lugar de limitarse a su divulgación pública.
Asimismo, Rebollo afirmó que Lara no puede ampararse en el secreto de fuente periodística para evitar revelar la procedencia de las grabaciones, debido a que ejerce un cargo público y no trabaja como periodista. Esta posición forma parte de los argumentos expuestos por el representante del Movimiento Naranja en defensa del recurso.
Finalmente, el jurista negó que la acción busque restringir la libertad de expresión del vicepresidente o provocar un enfrentamiento político. Aseguró que el objetivo es que la difusión de información se realice dentro de los procedimientos legales y con resguardo de la seguridad del Estado.
