Representantes de los pueblos chiquitano y guaraní mantienen una vigilia y una huelga de hambre en puertas del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz para exigir la acreditación de sus asambleístas, cuyos escaños permanecen vacantes. Los movilizados cuestionan las demoras y las decisiones contradictorias que, aseguran, impiden su representación política.
Carmelo Gómez, activista de San Ignacio de Velasco que acompaña a la Organización Indígena Chiquitana (OICh), afirmó que su pueblo lleva seis meses sin representación. Denunció que varias convocatorias para elegir a su representante fueron postergadas y que una nueva impugnación dejó en suspenso el proceso previsto para el 20 de septiembre. Otra asamblea, programada para el 20 de octubre, también fue suspendida por instrucción del TED, sin que se estableciera una nueva fecha.
En el caso guaraní, el dirigente Marino Bellota señaló que la elección se realizó el 28 de mayo con veedores electorales y que en junio se inició el trámite de acreditación de Betzabé Andrés, como titular, y Francisco Choquindi, como suplente. Sin embargo, ambos continúan sin asumir sus funciones. Según Bellota, las notificaciones para formalizar el procedimiento fueron anuladas en tres ocasiones por falta de firmas de vocales electorales.
Los representantes advirtieron que podrían intensificar las protestas si no reciben una respuesta. Los guaraníes amenazaron con bloquear una ruta internacional en la provincia Cordillera, mientras que la organización chiquitana no descartó medidas similares en la zona troncal de su territorio. La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) expresó su respaldo y exigió el respeto a los derechos políticos y colectivos de ambas naciones.
Por su parte, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, manifestó su respeto a los pueblos indígenas, pero aclaró que el Legislativo no puede sustituir las decisiones de las autoridades electorales. Explicó que la posesión del representante guaraní requiere una resolución firme y las credenciales correspondientes, en resguardo de la seguridad jurídica.
Con los dos escaños vacantes, la Asamblea Legislativa Departamental funciona actualmente con 26 de sus 28 miembros. Los pueblos movilizados exigen que el órgano electoral resuelva ambos casos y garantice la incorporación de sus representantes, elegidos mediante sus procedimientos comunitarios.
