Mientras buena parte del microclima político nacional tenía los ojos puestos en La Paz por la visita del presidente chileno José Antonio Kast, los acuerdos binacionales y los temas urticantes como el caso narcomaderas, en Santa Cruz se realizaba este viernes la promulgación de la ley departamental de Defensoría del Pueblo Cruceño.
Fue el escenario para que el gobernador Juan Pablo Velasco lance un mensaje contundente a su departamento, pero también al denominado "centralismo", en la línea de vigencia plena de la autonomía regional conquistada por Santa Cruz y que puede ser el antecedente hacia el federalismo.
“La libertad no se mendiga, la propiedad privada se respeta, los derechos se defienden y los abusos de poder se enfrentan con la ley en la mano”, afirmó Velasco citado por el diario El Deber.
“Hoy no estamos promulgando una ley más, hoy estamos promulgando lo que dice el Estatuto Cruceño”, sostuvo el gobernador durante el acto y dejó establecido que la norma responde a una demanda histórica de Santa Cruz que permaneció pendiente durante casi dos décadas.
La autoridad remarcó que su promulgación representa un paso concreto en el cumplimiento del mandato autonómico.
La asambleísta departamental de Libre, Natasha Castedo, adelantó a Datápolis que luego de la ley de Defensoría del Pueblo Cruceño, se viene la elaboración y tratamiento de una norma que posibilite la elección del Fiscal Departamental a través de la Asamblea Legislativa Departamental.
Velasco vinculó esta medida con la agenda autonómica de su gestión, que contempla avances en la administración de tierras, la seguridad departamental y una distribución más equitativa de los recursos.
La presidenta de la ALD, María René Álvarez, destacó la sanción de la norma como parte de la lucha histórica de Santa Cruz por ejercer su derecho a gobernarse y construir su futuro con libertad y corresponsabilidad. También remarcó la responsabilidad de las instituciones departamentales de traducir ese mandato ciudadano en acciones concretas, dentro del marco constitucional.
Con la promulgación de la ley, Santa Cruz avanza en la implementación de una instancia departamental prevista en su Estatuto Autonómico. El siguiente paso será garantizar las condiciones institucionales y presupuestarias necesarias para poner en funcionamiento la Defensoría y asegurar que cumpla su misión de proteger los derechos de las cruceñas y los cruceños.
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