La cuestionada escala aérea en Boca Ratón no podía echar el plan por la borda. Fue el propio Rodrigo Paz quien despejó el camino antes del mediodía. Protagonizó una conferencia de prensa en la que buscó trasladar los reflectores al caudillo del trópico. Era lunes 28 de septiembre, inicio de semana, día elegido para retomar la iniciativa política, cambiando la agenda pública. El plan tenía un cronograma y el puntapié inicial le correspondía a Estados Unidos.
Empezando la tarde, los medios y periodistas recibieron datos y una lista negra de autoridades y exautoridades. Están prohibidas de ingresar a territorio estadounidense por decisión del gobierno de Donald Trump. Los narcovínculos del siglo XXI dejaron 12 desvisados, además de sus familias, 9 inelegibles, y el anuncio de otros 20 que ya no podrán ir a Disneylandia.
El caso más llamativo entre los afectados ―jueces, fiscales, un expresidente de la Aduana y un exjefe antidrogas― fue el de Róger Rider Mariaca Montenegro, fiscal general del Estado en funciones. Aún con los reflejos políticos intactos, respondió en la noche, desde Sucre, rodeado de fiscales y funcionarios. Dijo que no renunciaría.
El martes fue para conocer las reacciones de diversos actores políticos. Mariaca recibió el respaldo de líderes partidarios, dirigentes y sectores sociales, organizaciones universitarias y analistas que argumentaron que se buscaba defenestrar al investigador de los casos Cerimedo y que había decidido aprehender a personas del entorno de Paz.
El vicepresidente Edmand Lara, aún en Bolivia, convocó a sesión de la Asamblea Legislativa para el lunes 5 de octubre, a fin de conformar una comisión que investigue el caso Mariaca, a fin de dar paso a un juicio de responsabilidades que, desde su cálculo político, podría acabar en un veredicto en cinco meses, es decir en febrero de 2027, en pleno Carnaval.
El miércoles, último día de septiembre, la polémica había ganado cuerpo y copado los principales espacios en los medios de comunicación. Esa noche, de manera simultánea, se ejecutaron operativos policiales en Santa Cruz, Sucre y La Paz. Mariaca y Alberto Zeballos, uno de los 12 desvisados, cayeron en el aeropuerto de Viru Viru. Martín Irusta, fiscal superior nombrado por Mariaca y exabogado de Evo Morales, fue detenido en la capital del país y en La Paz fue aprehendido el mayor de Policía Rubén Aparicio Villarreal.
Esa noche se informó sobre la detención del exministro Eduardo Del Castillo en la zona paceña de Sopocachi. Al día siguiente, antes de las 07:00, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, comunicó el traslado de Mariaca y Zeballos a La Paz, reportó la detención de 14 personas y negó la captura de Del Castillo. “Lo estamos buscando”, afirmó.
Mientras Oviedo daba detalles de los operativos, entre ellos el hallazgo de 3,5 millones de bolivianos y 10 mil dólares en una ambulancia que salió del domicilio de Mariaca, fue interceptada y sus cuatro ocupantes detenidos, Luis Montaño se autoproclamó como fiscal general en suplencia y nombró a Mabel Andrade como fiscal departamental de Santa Cruz, en lugar de Zeballos. Todos integrantes del Clan Mariaca.
Jueves fue de dura batalla judicial y política. Montaño despidió a un fiscal de materia que quiso tomar una declaración a Mariaca, ordenó el bloqueo del sistema informático para impedir el registro de la imputación y se interpusieron acciones de libertad en Santa Cruz y La Paz. Irusta perdió la presentada en la capital cruceña. Mariaca y Zeballos fracasaron en la sede de gobierno.
En contrapartida, se consumó la imputación para los tres, además del mayor Aparicio, por delitos de tráfico de drogas, enriquecimiento ilícito a partir de esa actividad ilícita y organización delictiva. La acusación de fiscales a exjefes de la Fiscalía pidió 90 días de detención preventiva en cárceles paceñas.
La acción política caracterizó el viernes 2 de octubre. La Asamblea Legislativa, presidida por Diego Ávila, aprovechando que Lara se encontraba en España, sancionó una ley corta que incorporó la figura de la suspensión definitiva del fiscal general ante una imputación penal. Paz la promulgó casi de inmediato y la ALP volvió a reunirse en la noche para apartar a Mariaca de la Fiscalía General y elegir a un fiscal general interino.
Por más de dos tercios de votos, en la madrugada del sábado, senadores y diputados le pusieron fin al mandato de Mariaca (2024-2030), ante las graves acusaciones y eligieron al experto en derecho constitucional y agrario José Armando Urioste Viera como fiscal general interino por 90 días, mientras el Legislativo cumple el procedimiento para elegir a un nuevo fiscal general titular.
Mariaca, despojado del máximo cargo del Ministerio Público, fue sometido a una audiencia cautelar virtual desde las 05:45, junto a otros imputados, y fue enviado con detención preventiva. Perdió el poder y perdió la libertad en cuestión de días. El abogado Abel Loma afirmó que la Cancillería boliviana habría recibido una solicitud de extradición de Estados Unidos para que enfrente a la justicia de ese país por acusaciones de narcoterrorismo.
Así, en una semana, Mariaca pasó de ser un todopoderoso jefe nacional de fiscales a procesado por haber protegido al narco uruguayo Sebastián Marset y organizaciones criminales que controlan ciertos territorios del país y buscan capturar el sistema democrático boliviano, según Oviedo. Todo en una semana para un gobierno cuya característica no es precisamente la celeridad ante crisis de diversa naturaleza.
Ya hubiéramos querido ver que en una semana se resuelvan, por ejemplo, la crisis de los carburantes, incluido el levantamiento de la subvención; la crisis cambiaria con la reaparición de dólares en el sistema; la crisis moral con el esclarecimiento de bullados casos de corrupción como los que apuntan al exasesor presidencial, las narcomaletas, la gasolina basura y el contrabando de oro, entre otros. Al contrario, los principales implicados salieron de la cárcel con detención domiciliaria o libertad pura y simple.
El presidente y el ministro de Gobierno aseguran la caída de Mariaca es fruto de meses de planificación, pero todos hemos visto que quedó tras las rejas solo después de las acusaciones de Washington y la supervisión de sus representantes en Bolivia. ¿Se aplicará la misma fórmula en el caso de Evo Morales? ¿Será detenido antes de que Paz cumpla un año en el poder? ¿Ya no darán largas a los problemas macroeconómicos y a los que afectan la economía familiar? ¿Estamos ante un relanzamiento de la administración gubernamental?
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera
